Sánchez Melgar pide desligar el cese del fiscal general con cada nuevo Gobierno

El fiscal general del Estado saliente, Julián Sánchez Melgar, considera que se debería cambiar la ley para desligar el cese del máximo responsable del Ministerio Fiscal y el del Gobierno, lo que redundaría, a su juicio, en una mayor «sensación de independencia».

Sánchez Melgar hace esa propuesta en una entrevista con la agencia Efe realizada dos días antes de su cese con el compromiso de publicarla después de que se hiciera oficial el pasado viernes.

En los seis meses que ha permanecido en el cargo, para el que fue nombrado tras el fallecimiento de su antecesor, José Manuel Maza, asegura haber intentado «desanclar» a la Fiscalía del Ministerio de Justicia.

«Creo firmemente en ello porque solamente un Ministerio Fiscal que esté despegado del Ministerio de Justicia puede ser un ministerio autónomo e independiente», argumenta.

Concreta que se trata de independencia en materia presupuestaria, en la toma de decisiones en relación con la carrera fiscal y en materia de nombramientos, una serie de asuntos en los que la Fiscalía tiene que tener «perfecta autonomía» para realizar su función «sin que tenga que tener ninguna dependencia» del Gobierno.

«Creo en un Ministerio Fiscal autónomo e independiente», sostiene Sánchez Melgar, partidario de reformar el Estatuto Orgánico que regula su funcionamiento.

La reforma de 2007, un «avance extraordinario»

Entre otras medidas, para «desvincular» el cese del fiscal general del cambio del Gobierno, una de las cinco causas en las que se plantea el relevo del fiscal general antes de que concluya el mandado de 4 años. Este cambio, afirma, aumentaría la «sensación de independencia» de la Fiscalía.

En su opinión, de cara al futuro «no existen razones para establecer diferencias» entre el mandato de 4 años del fiscal general y los mandatos de los fiscales jefe o el presidente del Supremo y del CGPJ, que duran en estos casos 5 años y están desvinculados de los cambios en el Ejecutivo.

No obstante, reconoce que la reforma de 2007 ya fue un «avance extraordinario», pues implicó al Poder Judicial y al Legislativo en el nombramiento de fiscal general y además se estableció por primera vez un mandato, «pues antes duraba siete días, los que transcurrían entre dos consejos de ministros», ironiza Sánchez Melgar.

Otra de las reformas que considera imprescindibles es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales quienes instruyan e investiguen.

«Es ineludible», plantea Sánchez Melgar, quien pide que esa reforma (con la que tanto el PP como el PSOE han dicho estar de acuerdo) sea convenientemente meditada y fruto de un «pacto de Estado», para que luego no sea revertida.

Apoya este cambio en que los delitos actuales son mucho más complejos que en el pasado, de manera que para combatir a las organizaciones criminales es necesaria una «organización fuerte» como la Fiscalía. «Los equipos son mucho más eficaces que un órgano unipersonal», añade.

Además, cree que facilitaría la comunicación con fiscalías europeas (que tienen asignada esa tarea) y acortará los plazos de instrucción de las causas. «No es tolerable que los procesos penales duren ocho, nueve o diez años», expone.