Sánchez se jacta de liderar «el Gobierno de las soluciones» con una regularización masiva recurrida y sin presupuestos

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 10/05/2026 14:42
  • Actualizado: 10/05/2026 14:43

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se jacta de liderar «el Gobierno de las soluciones». Y ello pese a que tiene una regularización masiva recurrida y lleva cuatro años funcionando con la anomalía de unos presupuestos prorrogados, lo que limita la capacidad del Gobierno. «Somos el Gobierno de las soluciones. Solucionamos los problemas de la gente, frente a otros que los eternizan», ha declarado.

Sánchez se ha dado estos golpes de pecho en un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz) en el marco de las elecciones andaluzas, junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

Lo cierto es que lejos de este discurso triunfalista, la regularización masiva que ha promovido junto a Podemos, la más laxa de la historia, supone un «coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves»,  tal y como advierten fuentes policiales. La Policía ya ha detectado cómo delincuentes excarcelados de Marruecos, Argelia y cárceles de toda África «están intentando colarse en España a través de la regularización», y en el Cuerpo hay una «profunda preocupación» por el perfil de los que puedan aprovecharse de esta «caótica» regularización.

La polémica regularización, en el Supremo

El Tribunal Supremo analizará el próximo miércoles los diferentes recursos que exigen paralizar de forma cautelar el Real Decreto sobre la regularización. Sendos recursos han sido presentados por la Comunidad de Madrid, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y Libertad y Justicia.

El Gobierno madrileño sostiene en su recurso que la regularización masiva urdida por el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos «afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios, contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional».

Precisamente, la España de Sánchez alcanza una cifra récord de violencia callejera, con 2.600 reyertas al mes. La violencia callejera se ha disparado nada menos que un 72% durante su Gobierno. En total, el año pasado se registraron en nuestro país hasta 31.481 infracciones penales de  esta naturaleza. Y tiene las violaciones multiplicadas por cuatro desde que Sánchez es presidente. De 1.382 en 2017 se han disparado hasta las 5.363 en 2025, según los propios datos del Ministerio del Interior.

La anomalía de la falta de presupuestos

Además, mientras Pedro Sánchez presume de liderar «el Gobierno de las soluciones», España lleva tres ejercicios consecutivos prorrogando las cuentas públicas. En 2024, 2025 y 2026 se aplican los presupuestos de 2023.

Como ha informado recientemente OKDIARIO, el Tribunal de Cuentas ha registrado su primer voto en contra a la Cuenta General en democracia precisamente por la falta de Presupuestos. El órgano fiscalizador ha respaldadp el informe, pero el disenso interno marca un hito histórico.

El trasfondo contable de la Declaración de 2024 arrastra problemas estructurales ya advertidos en ejercicios anteriores. En la Cuenta General de 2023, el Tribunal detectó una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado de 3.211,3 millones de euros por incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos, pagos pendientes de justificación por 1.347,2 millones y una sobrevaloración de deudores tributarios y no tributarios de 9.536,3 millones de euros.

Especialmente grave era la situación de la Seguridad Social, cuyo balance recogía por séptimo año consecutivo un patrimonio neto negativo de 98.526,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2023, financiado principalmente mediante préstamos del Estado por un importe acumulado de 116.166,4 millones, equivalente al 7,75% del PIB. La deuda del Estado, por su parte, alcanzaba 1,4 billones de euros.

El Tribunal lleva años advirtiendo sobre la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo, sin que el Gobierno haya dado respuesta estructural a esas advertencias.

Organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han señalado reiteradamente como factor de rigidez e incertidumbre para la gestión del gasto público esta parálisis presupuestaria que arrastra el Ejecutivo desde 2023.

El pasado mes de diciembre, el presidente del Gobierno también dejó otras perlas en un mitin en Cáceres, donde presumió de «feminismo» y «transparencia» entre escándalos por acoso y corrupción.