Sánchez ‘ficha’ a dos mujeres para asaltar el Constitucional, una de ellas asesora de Zapatero

El Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene una lista de candidatos para asaltar el Tribunal Constitucional, tras el fracaso de la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ello, el Gobierno nombrará a los dos magistrados que le corresponden sin esperar a que los vocales del órgano de gobierno de los jueces se pongan de acuerdo para designar a sus aspirantes. Según explican fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO, al menos uno de los candidatos elegidos por el Ejecutivo será una mujer y tendrá un perfil académico. Entre las favoritas se encuentran Concepción Escobar, ex asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, y Yolanda Gómez, catedrática en Derecho Constitucional que fue ascendida por el propio Sánchez.

Concepción Escobar es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Fue decana de la Facultad de Derecho en esta misma entre los años 2001 y 2004. Seguidamente, pasó a dirigir la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación durante el Gobierno de Zapatero. Es titular de una Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea y fue elegida miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Fuentes judiciales consultadas por este periódico explican que en el Tribunal Constitucional es necesario un perfil de una persona como Escobar debido a «los numerosos asuntos de especial complejidad relacionados con el Derecho Internacional y Europeo que actualmente se tratan en la Corte de Garantías».

Otro de los nombres que maneja el Ejecutivo es la catedrática de Derecho Constitucional, María Yolanda Gómez Sánchez. Nada más desembarcar Pedro Sánchez en La Moncloa la nombró directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). El Ejecutivo destacó que «ha desarrollado su labor docente e investigadora principalmente en materia de derechos fundamentales, igualdad de género y derecho de la Unión Europea». Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1982) y doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED (1987). Es catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam.

Además, ha formado parte del Grupo Español de Expertos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, del Comité Internacional de Bioética de la Unesco y del Comité de Bioética de España. Es subdirectora de la Revista de Derecho Político de la UNED y académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (RAJL). Fuentes del Tribunal de Garantías explican que en la actualidad «no necesitan un perfil de un experto en Derecho Constitucional», sin embargo, añaden que «es una de las favoritas de Sánchez que desde el Ejecutivo pretenden promocionar». Las mismas fuentes añaden que el Constitucional necesita un experto en Derecho Laboral porque, tras la salida de los magistrados Fernando Valdés y Alfredo Montoya, el tribunal no cuenta con un experto en esta materia.

Maniobra del Gobierno

El Gobierno nombrará a los dos magistrados que le corresponden sin esperar a que el órgano de gobierno de los jueces designe a sus candidatos. Según explican fuentes judiciales a OKDIARIO, la maniobra del Ejecutivo contará con el beneplácito del sector progresista del Constitucional, que ha cambiado de criterio y ahora opta por «dar el plácet» a los miembros propuestos por el Gobierno, aunque lleguen sin los dos candidatos que corresponden al CGPJ. Sin embargo, la Carta Magna subraya que la renovación del Constitucional debe realizarse por tercios.

En Derecho, no existen reglas matemáticas y a ello se acoge Pedro Sánchez para tomar el órgano de garantías que tiene pendiente de resolver sentencias tan importantes como la ley del aborto, la reforma educativa de la Ley Celáa o la ley de la eutanasia. Este órgano también sería el encargado de revisar un nuevo Estatut con un Poder Judicial propio para Cataluña si finalmente los independentistas de ERC llegan a impulsarlo. Estas son las razones por las que el Gobierno tiene un claro interés en que este órgano pase de una mayoría conservadora, en la que se encuentra actualmente, a una mayoría progresista.