Sánchez dispuesto a entregar a Maduro a un contable perseguido por la justicia chavista

Cismary Marcano, la mujer del contable venezolano Ernesto Quintero se ha encadenado este viernes frente al Congreso de los Diputados en señal de protesta por la inminente extradición de su marido por parte de España al régimen de Nicolás Maduro, cuyos miembros han sido sancionados por violación de derechos humanos. Y ello, tras un procedimiento seguido en la Audiencia Nacional que la defensa de Quintero reprueba porque nunca fue «accionista» de la empresa Abba. La extradición está prevista para este sábado en un vuelo comercial de Turkish Airlines con escala en Estambul y destino Caracas, pero Quintero está contagiado de Covid.

Marcano, esposa de Quintero, se ha encadenado a una señal de tráfico de la Carrera de San Jerónimo, justo en la Plaza de las Cortes, para pedir visiblemente afectada que el Gobierno de Sánchez no extradite a su marido a Venezuela ya que allí será «torturado» y puede ser «asesinado». Marcano ha estado acompañada por un grupo de venezolanos, que también se han encadenado junto a ella. Además, ha estado apoyada por los dirigentes de Vox Rocío Monasterio, portavoz en la Asamblea de Madrid, y Hermann Tertsch, eurodiputado y vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de esta agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, la defensa asegura que él era «un mero contable» y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer. «Nunca fue socio, accionista ni tenía capacidad para administrar ningún bien de esa empresa», señalan sus abogados. Quintero se encuentra ahora mismo en el módulo de ingresos de la prisión de Soto del Real (Madrid).

Interpol retiró la ficha roja

Quintero decidió salir de Venezuela cuando en una declaración pública el sancionado fiscal general del régimen chavista le citó en una lista de personas que iban a ser investigadas por ser «socios y accionistas» de la empresa Abba.

Tras su detención, Quinteró instó a Interpol a que retirasen la orden de detención que pesó inicialmente sobre él. A raíz de las oportunas verificaciones y requerimientos a las autoridades venezolanas, Interpol retiró la ficha roja de detención pues constató que Quintero no es socio de la referida empresa.

La defensa de este venezolano subraya que la «Audiencia Nacional ha declarado en otras ocasiones que no se debía acceder a la entrega a Venezuela, pues no existen garantías del cumplimiento de los derechos humanos en un país al que se le han aplicado sanciones por vulnerar los derechos humanos». «Los casos de torturas en las cárceles están siendo objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional, se producen detenciones arbitrarias y es incuestionable la falta de parcialidad y de justicia en los tribunales venezolanos», remarcan.

Solicitud de asilo

Por ello, inciden en que su cliente «debería correr la misma suerte que otros venezolanos que han sido objeto de procesos de extradición, en los que finalmente se ha denegado su entrega por no haber garantías de que sus derechos fundamentales no fuesen violados». Ernesto ha solicitado protección a España, presentando una solicitud de asilo el pasado 2 de febrero del año 2022, apuntan.

A pesar de su solicitud, la Audiencia Nacional ha decidido no suspender su entrega a Venezuela, prevista este 12 de febrero de 2022. «España, como garante y defensor de los derechos humanos no puede comprometerse a entregar a ninguna persona a un régimen sancionado por violar los derechos humanos, siendo además que las autoridades españolas serán responsables de las torturas o fallecimientos que se puedan producir a los entregados a Venezuela», remarca su defensa.