Sánchez despide a 36 camareros de La Moncloa al contratar otra empresa sin obligación de subrogarles

Un total de 36 familias se quedan sin su sustento económico. Se trata de los camareros que sirven cafés y menús en el Palacio de La Moncloa. Tras un litigio laboral que ha llegado al Tribunal Supremo, el Gobierno de España ha dado carpetazo al contrato con la empresa adjudicataria que llevaba meses sin pagar a sus trabajadores y busca una nueva compañía para estos servicios sin imponer la obligación de subrogar a la plantilla anterior.

Así lo confirma a OKDIARIO el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. «En octubre de 2021 se ha iniciado la elaboración de un nuevo expediente para contratar el servicio. La empresa que resulte adjudicataria decidirá si incorpora a estos trabajadores para el desempeño de los compromisos asumidos en el contrato», ha detallado a preguntas de este periódico. Para evitar pagar antigüedades y otros complementos salariales, la nueva encargada de las cafeterías del complejo gubernamental de La Moncloa buscará un nuevo equipo.

El Ministerio que lidera Félix Bolaños ha decidido resolver la situación sin contar con los trabajadores antiguos del contrato titulado «Servicio de restaurante y bar cafetería; así como atención y limpieza de estas dependencias y offices en el Ministerio de la Presidencia en el Complejo de la Moncloa». Es un problema que se remonta a 2019. «En julio de ese año por resolución de la Subsecretaría, en aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acordó abrir un periodo de información sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento de resolución del citado contrato», apunta el Gobierno.

Tres eran las razones para abrir ese estudio sobre cancelar el contrato antes de tiempo. En primer lugar, «la constatación de que en diversas ocasiones la empresa contratista no se había hallado al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales o de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes». En segundo lugar, el Ministerio registró «la denuncia pública de los trabajadores de dicha empresa que prestan servicios en Complejo de la Moncloa de haber percibido con retraso sus nóminas en los últimos meses».  Además, «otras posibles causas que pudieran conducir a la consideración es que la empresa contratista estaba incumpliendo las obligaciones del contrato».

Finalmente, «mediante resolución de la Subsecretaría de septiembre de 2019, por delegación de la ministra se acordó la resolución del contrato». A continuación, los trabajadores acudieron a los tribunales. En diciembre de 2019 se presenta demanda de despido colectivo por 18 afectados ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ministerio de la Presidencia. El TSJM dictó sentencia, en julio de 2020, «declarando nulo el despido colectivo realizado por el Ministerio, al entender que entre dicho órgano y la empresa contratista se había producido una sucesión de empresas según el Estatuto de los Trabajadores». En un auto ordenó la ejecución provisional de la sentencia. Los trabajadores volvieron a prestar sus servicios.

No obstante, el Gobierno de PSOE y Podemos, a pesar de que se vanaglorian de proteger a los trabajadores, recurrió la sentencia por casación ante el Tribunal Supremo. En junio de este año este Alto Tribunal revocó la sentencia del TSJM, absolviendo al Ministerio de todos los pedimentos
en su contra. Se determinó que la orden de recuperar los empleos ya no regía. Todos los trabajadores, consecuentemente, dejaron de prestar servicios en el Palacio de La Moncloa. «Este cambio en la situación de los trabajadores no puede considerarse un despido, ya que es consecuencia del estricto cumplimiento de las decisiones judiciales descritas», subrayan desde el Ministerio.

En este sentido, el Ministerio insiste en que los despidos no son su responsabilidad. «De acuerdo con la información facilitada por la Oficialía Mayor y por la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica, los trabajadores afectados lo son de una empresa adjudicataria de un contrato de servicios, no trabajadores del Ministerio de la Presidencia por lo que no puede decirse que el Ministerio haya contratado o despedido a ningún trabajador dedicado a estas funciones, ni en este caso ni en el pasado». Cabe recordar que la anterior empresa adjudicataria también dejó de pagar a sus empleados en 2017.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con una de las portavoces de los trabajadores afectadas y por ahora no han querido ofrecer su valoración. En otras ocasiones han mostrado su temor a aparecer en prensa por miedo a represalias.