Sánchez deja la reforma del control del CNI en manos de ERC y Bildu tras fulminar a su directora

La reforma de la ley que regula el control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), anunciada este jueves por Pedro Sánchez, convierte la tutela sobre los servicios secretos en una moneda de cambio con sus aliados separatistas y proetarras. El rango orgánico de dicha ley hace que su tramitación parlamentaria, cuando llegue el momento, sea enrevesada. El presidente socialista necesita de una mayoría absoluta para sacarla adelante, es decir, 176 diputados. Eso significa que necesitará contar necesariamente con los propios separatistas que ahora arremeten contra el servicio de Inteligencia, y también con los proetarras de Bildu.

Sólo así, dado el previsible voto en contra del Partido Popular y de Vox, y la duda de Ciudadanos, esa iniciativa podría prosperar. De esta forma, Sánchez convierte el CNI en un motivo de negociación con sus socios para mantenerse en La Moncloa. El dirigente socialista quiere retomar cuanto antes el «diálogo» con la Generalitat a través de la mesa bilateral en la que negociará nuevas cesiones con el presidente catalán, Pere Aragonés. Sánchez ya atendió a la exigencia de sus socios de fulminar a la responsable de los servicios secretos, Paz Esteban.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la investigación a los líderes separatistas, Sánchez ha culpado al CNI y al juez del Supremo de la responsabilidad sobre el espionaje asegurando que el Gobierno no conoce las medidas ni las decisiones operativas de los servicios de Inteligencia. Una afirmación, sin embargo, que se desmiente por el hecho de que el propio socialista reveló, en una entrevista en televisión en octubre de 2019, que el CNI investigaba a los dirigentes independentistas.

La reforma anunciada por Sánchez para intentar calmar a sus socios tiene difícil prosperar. Más aún teniendo en cuenta que la legislatura se agota en año y medio y que los trámites suelen ser largos. El socialista ha anunciado también una nueva ley de Secretos Oficiales que sustituirá a la actual, vigente desde 1968 y a la que Sánchez se ha aferrado en infinidad de ocasiones para ocultar, por ejemplo, sus viajes en Falcon.

«Garantías»

Sánchez ha defendido que con la reforma del control judicial del CNI se buscan «más garantías para defender los derechos individuales de las personas».

Según el presidente del Gobierno, se trata de «adaptar» la ley a los nuevos retos, sobre todo los derivados de las nuevas tecnologías, «mientras sigue cumpliendo su misión de servicios a la seguridad nacional y defensa de los intereses nacionales y el ordenamiento constitucional».

Sánchez ha anunciado estos cambios pese a defender que el CNI «se rige por la ley» y el sistema español es «incluso más garantista» que el de otros países similares, permitiendo un «equilibrio» entre los derechos de los ciudadanos y la «lógica» defensa de la seguridad nacional.

«Chantaje»

El PNV ya ha puesto sobre la mesa su propuesta de reforma, que pasa por reforzar el control judicial de las actuaciones de los servicios secretos. Si en el modelo actual ese control depende únicamente de un juez del Tribunal Supremo, los nacionalistas vascos quieren que la decisión recaiga en tres, y por unanimidad.

La propuesta de Sánchez no ha convencido, de entrada, a ERC. El portavoz de esta formación en el Congreso, Gabriel Rufián, ha despreciado el anuncio destacando que «el mayor controlador» de los servicios secretos es el propio presidente del Gobierno. «No nos pueden chantajear constantemente», ha advertido. Tanto ERC como Junts per Catalunya y el PDeCAT han considerado que Sánchez ha «empeorado» la situación provocada por la investigación al separatismo.

Desde Bildu, su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha acusado al Gobierno de espiar a sus socios como si fueran narcotraficantes o yihadistas. «No se puede pedir responsabilidad y no ofrecerla de vuelta», ha avisado. La dirigente proetarra ha instado a no poner en riesgo el bloque de aliados que le sostiene en La Moncloa.