Rodríguez Arribas: «El decreto sobre Franco permite al Gobierno sortear un delito de exhumación ilegal»

CiudadanOK ha querido conocer la visión de Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional y magistrado jubilado del Tribunal Supremo, sobre la exhumación de los restos de Franco que ja aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez mediante un real decreto.

«El decreto ley constituye una intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo y por lo tanto tiene que ser interpretada y aplicada siempre de manera restrictiva», afirma. Además, explica que al aprobar la exhumación con esta fórmula privan a la familia de poder recurrir, ya que los particulares no pueden recurrir leyes. 

Sobre el Valle de los Caídos argumenta que no se trata de un cementerio normal: «Es una basílica, un templo de la Iglesia Católica». Y es que los acuerdos del Estado con la Iglesia «tienen la condición de tratado internacional» por lo que el abad de recinto podría no dar su consentimiento ya que el acuerdo «garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto».

Rodríguez Arribas explica que sacar un cuerpo de un cementerio «por las bravas» es un delito de «exhumación ilegal», y considera que este es precisamente el motivo de que se haya recurrido a un decreto ley.

Antes de fin de año

El Ejecutivo, por su parte, mantiene impasible sus plazos a pesar de las dudas jurídicas en torno al uso del decreto ley y la negativa de la familia Franco a desenterrar a su antepasado. El Gobierno Sánchez calcula que con los plazos establecidos por el real decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se irá a «final de año» para realizar esta tarea en un tiempo máximo de doce meses, tal y como recoge la normativa aprobada hoy.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, los doce meses fijados de caducidad, tras la convalidación del decreto en el Congreso, es «un tiempo máximo» pero que la previsión es que no tenga que agotarse.

Calvo ha recordado que el decreto ley empezará su tramitación con un periodo de treinta días para su convalidación en el Congreso, y a partir de ahí su caducidad es de un año, «plazo más que suficiente» para que se lleve a cabo el «objetivo final» que es sacar los restos del dictador.