Rodrigo Rato responderá esta semana al informe de la Guardia Civil sobre su fortuna

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato responderá esta misma semana al informe de la Guardia Civil remitido al juez que investiga el origen de su fortuna, teniendo de plazo hasta el próximo jueves. Previsiblemente Rato alegará que la causa que le investiga desde 2015 por presunta evasión fiscal y blanqueo de capitales, entre otros delitos, tiene carácter político y va dirigida contra su reputación como ministro, aún sin contar con pruebas concluyentes.

De este modo, tratará de rebatir el contenido del último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que el Instituto Armado detectó que varias de las empresas privatizadas en los años en los que fue ministro de Economía (1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros a sociedades presuntamente relacionadas con su familia.

Al respecto, se espera que Rato denuncie que los hechos expuestos nada tienen que ver con la denuncia original que tenía como objetivo investigar el presunto blanqueo en el extranjero, unos alegatos en sintonía con anteriores escritos a la Audiencia Provincial de Madrid.

Sobre COR Comunicación, señalada por la UCO como la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones), el exministro podría poner atención en el hecho de que el atestado reconozca que la familia Rato vendió su participación en 2002, circunstancia que posteriormente no se recoge en las conclusiones.

Asimismo, es previsible que el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) también reproche a la UCO por las sospechas sobre su cese de la institución en octubre de 2007, meses después de que anunciara su marcha.

Correos entre Rato y PwC

El escrito de la Guardia Civil recogía los correos intercambiados por Rato y PwC días antes de que el exministro abandonase la gerencia del FMI, en los que la firma, en sus labores de consultoría en el organismo, se interesaba por los vínculos de tres de sus empresas con paraísos fiscales.

En concreto, ponía el foco en la sociedad Red Rose, y exponía que, desde sus inicios, ha registrado importantes cantidades de dinero «de origen desconocido», introducido en España a través de préstamos o de sus propias cuentas personales.

Especialmente, destacaba los 300.000 euros percibidos directamente por el exministro procedentes de la mercantil y relataba que la Hacienda española no conoció la propiedad de ésta hasta después de la amnistía fiscal, aún cuando el exvicepresidente del Gobierno «parece ser que la declaró años antes» en su etapa en Washington.