La revista Mongolia fundada por el ex etarra Boye condenada a pagar 40.000 € a Ortega Cano

La revista podemita Mongolia, que fuera fundada, editada y participada en su accionariado por el encarcelado por el ex etarra Gonzalo Boye, ha sido condenada por dañar el honor de José María Ortega Cano, al que tendrá que indemnizar con 40.000 euros por atentar contra su dignidad tras la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo.

La Sala de lo Civil del Supremo ha ratificado que la publicación pretendidamente humorística Mongolia, cercana a Podemos y a cuyos actos fueron fieles los líderes de la fundación morada, como Iglesias o Monedero, ha vulnerado el derecho al honor del ex torero Ortega Cano al publicar y difundir un cartel que hacía «escarnio» de sus problemas con el alcohol. Según la resolución, este cartel suponía un «escarnio de la adicción del demandante a las bebidas alcohólicas, reviviendo así un episodio de su vida por el que ya había cumplido condena y, en definitiva, atentando contra su dignidad», según especifica en las razones por las que el ponente de la Sala, Francisco Castán, argumenta la desestimación del recurso interpuesto por la publicación.

La Audiencia Provincial de Madrid ya había dictado sentencia ahora ratificada por el Supremo, que a su vez confirmaba la dictada por un juzgado de Alcobendas, que fue el que impuso la cantidad de 40.000 euros en concepto de daños y prejuicios.

El cartel en cuestión por el que ha sido condenada Mongolia promocionaba un espectáculo organizado por la publicación en el año 2016, en Cartagena, y en él aparecía un montaje con la cara del ex torero y el cuerpo de un extraterrestre, junto a tres mensajes: un bocadillo de texto que salía de la boca de Ortega Cano, en el que se leía «Estamos tan a gustito», un cartel que sujetaba con sus manos con la leyenda ‘¡Antes riojanos que murcianos!’, y el siguiente texto junto al montaje: «Viernes de dolores… sábados de resaca».

Según la argumentación de la revista y su actual propietaria, Editorial Mong SL, no habría vulneración de derechos porque debe prevalecer la libertad de expresión que ampara la publicación satírica, pero el Supremo no se ha mostrado de acuerdo, en tanto que el honor del demandante es dañado en relación a unos hechos por los que ya cumplió condena.

El Supremo hace referencia a una sentencia de la Audiencia de Sevilla por la que se condenaba Ortega Cano a dos años, seis meses y un día de prisión por delitos contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción temeraria y homicidio por imprudencia grave, condena que no le priva de sus derechos fundamentales.

Además, la sentencia también subraya la intromisión ilegítima en la propia imagen del demandante, que encuentra patente, por la utilización de su imagen para fines publicitarios sin haber obtenido previamente su consentimiento para tal fin. Según reza la resolución, la supuesta intención crítica alegada por Mongolia «no se refleja en el cartel enjuiciado, pues la composición fotográfica en la que se pretendía centrar la atención del público no se integraba en ningún artículo informativo o de opinión sobre el demandante (esto es, dirigido a comunicar hechos veraces de interés general sobre su persona o a expresar valoraciones subjetivas o juicios de valor en torno a su persona o comportamiento)».

Este cartel se utilizó «única y exclusivamente» para publicitar el espectáculo «Mongolia Musical 2.0», siendo «un mero reclamo para vender entradas y buscando el beneficio económico de Editorial Mong», que se habría lucrado con alrededor de 1.000 euros mensuales gracias a esta acción.

El fundador Boye, colaborador de ETA

La revista Mongolia nació en el año 2012, fundada por el condenado Gonzalo Boye, quien fue editor, abogado y accionista de la misma hasta, según aseguró la propia publicación, el año 2017, cuando «dejó el proyecto».

Gonzalo Boye, actual letrado del golpista fugado Carles Puigdemont, fue condenado por la Audiencia Nacional a pagar, junto con el resto de un comando terrorista, 1,2 millones de euros por participar en el secuestro del empresario Emiliano Revilla en 1988, un secuestro que duró 249 días y en el que la misión de Boye era la de vigilar al retenido e informar y facilitar datos a la banda terrorista ETA. Por este hecho -detención ilegal-, fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis.

Pero los problemas de Boye con la Justicia no terminan ahí. El pasado 18 de diciembre la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón dictó un auto de procesamiento en la causa donde se investigan dos operaciones que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga. Boye aparece imputado en este entramado acusado de blanquear dinero procedente del narcotráfico.

La resolución impuso distintas fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los hechos, y que ascienden a 131,5 millones de euros en el caso de Sito Miñanco y otros 25 procesados por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.