El rector del ‘caso Cifuentes’ declara como imputado por malversación y prevaricación

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha declarado en calidad de imputado este miércoles por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación. Ramos estaba citado junto al gerente general de la universidad, Luis Mediero, a las 10:00 horas en el Juzgado de Instrucción 6 de Móstoles, del que es titular la magistrada Carolina García Durrif.

Los hechos investigados por la juez están relacionados con presuntas irregularidades cometidas en el concurso que se convocó para hacer una auditoria interna en el Centro Integral de Formación Permanente (CIFP). Los directores del centro, Jorge Urosa Sánchez y Antonio Jesús Mateo Sanz, fueron cesados tras la investigación y ahora han presentado la querella por la cual se ha imputado al rector.

Los querellantes exponen que el rector del caso Cifuentes, con el fin de cesar a Urosa del CIFP –centro creado para conectar a la universidad con las empresas– convocó un concurso para realizar una auditoria forense. El ganador fue la empresa Grant Thornton SLP por 261.791,97 euros. Sin embargo, esto se hizo sin el acuerdo previo del Consejo Social el 4 de octubre de 2018. Se trataba de la segunda auditoria porque previamente ya se había realizado otra por la mercantil Fiscal Line Consultores S.L., que la había realizado por un precio mucho menor: 16.940 euros.

Ninguna de las dos empresas hallaron indicios delictivos. Entonces, Ramos descontento con el resultado –según fuentes consultadas– contrató a una tercera empresa. Su objetivo era claro: descabezar de cualquier manera a Urosa.

El tercer contrato se llevó a cabo con Baker McKenzie por 17.036,80 euros. El encargo era realizar un «informe jurídico externo sobre la subsumibilidad penal de determinadas actividades de dicho Centro Integral de Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos».

Esta tercera contratación se realizó a dedo, según los querellantes, puesto que se firmó antes de tramitar el expediente de contratación. Por tanto, la tramitación era irreal, un paripé cuya única finalidad era una contratación irregular creando ad hoc la documentación pública de la que consta el expediente.

Prevaricación

Ramos está imputado por delitos que conllevan pena de cárcel. Un delito de malversación consiste en un delito de apropiación indebida cometido por un funcionario o una autoridad y está castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años.

El delito de prevaricación administrativa está castigado con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años; y el de falsedad en documento público, la pena es de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 mees e inhabilitación especial de 2 a 6 años.