Procesan al subdelegado del Gobierno en Valencia (PSOE) por contratar una asesora que cobraba sin trabajar

La magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha procesado a las 26 personas investigadas en relación a las contrataciones irregulares de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, del denominado caso Taula en la pieza de los ‘zombies’ o trabajadores que cobraban sin ir a trabajar. Entre los procesados se encuentra el actual subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el socialista Rafael Rubio, que pese a estar imputado fue nombrado para el cargo por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además de Rubio, también han sido procesados en esta pieza de Taula el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla; el ex diputado Salvador Enguix (PP), dos exalcaldes y un exconcejal. Según consta en el auto de la magistrada los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal y de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Como ya explicaba un auto anterior, Rafael Rubio se encuentra en la causa porque contrató una asesora ‘zombie’. Aquel auto decía, literalmente que su asesora era imputada:  «porque fue una de las personas contratadas por Imelsa con supuestas funciones de asesoramiento (…) con el beneplácito de la presidencia de la Diputación, por decisión directa de su jefe de gabinete, articulación formal del contrato por el director gerente, y la petición inicial y proposición de un consejero, todos ellos investigados, a lo que hay que ligar que en el breve espacio de tiempo que estuvo contratada, y cobró por ello, la investigada sencillamente no ha podido demostrar que hiciera nada que justificara el sueldo percibido».  Y que, por tanto, él también debía seguir como investigado.

‘Zombies’

Según se recoge en la resolución, Alfonso Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, y Máximo Caturla utilizaron dicha mercantil “en beneficio propio” y contrataron a trabajadores “para responder a favores solicitados por terceras personas”.
En muchos de esos casos los empleados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración de Imelsa pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa.

En su auto, la juez explica que además de los ‘mandamases’ en las contrataciones ‘fake’ colaboraron presuntamente otros investigados como la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, respectivamente.

La magistrada, que sustituye al juez instructor que se encuentra de baja médica, basa sus conclusiones, entre otras pruebas, en  un informe de la Intervención General de la Administración del Estado. En dicho informe se asegura que esas incorporaciones de personal “se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad” y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las Leyes de Presupuestos Generales entre los años 2009 y 2014.

La juez enumera hasta doce personas ‘zombies’, que fueron contratadas en este periodo en Imelsa por orden de Alfonso Rus que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación. Entre esas 12 personas, que están igualmente encausadas, figuran desde el alcalde de la localidad de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo, hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus.

La instructora del caso Taula también cuestiona las retribuciones por productividad y dietas percibidas sin justificación entre los años 2011 y 2014 por Benavent, Esrihuela y Montblanch, que ascienden por el primero de los conceptos a 56.648, 97.125 y 82.162 euros, respectivamente.

Ciegsa

De igual modo, la juez también procesa a otras cinco personas que fueron presuntamente contratadas de forma irregular en Ciegsa, la empresa de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

Entre estos cinco contratados de Ciegsa entre los años 2004 y 2005 destacan el que fuera alcalde de la población de Llosa de Ranes por el PP Evaristo Aznar y el exconcejal del Ayuntamiento de Requena por este partido Manuel Gómez.

Tras cinco años, los autos de procesamiento comienzan a ver la luz, aunque el más esperado, el relacionado con el pitufeo del grupo municipal del PP de Rita Barberá todavía no ha salido.