Querella contra el presidente de Correos por un delito de homicidio imprudente a causa del coronavirus

La cifra de infectados por coronavirus en Correos va en aumento. Ya son 800 carteros los que se han infectado y dos de ellos han fallecidos a causa de «la falta de protección» por parte de la empresa estatal a sus trabajadores. Por este motivo, un grupo de afectados ha decidido presentar una querella contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y su presidente, Juan Manuel Serrano, elegido «a dedo» por Pedro Sánchez para dirigir la empresa pública. Solicitan medidas cautelares con extrema urgencia, porque la situación actual supone un riesgo para la salud de estos profesionales.

La querella ha sido presentada por un grupo de más de setenta afectados representados por el sindicato Manos Limpias, y ha caído –por reparto– en el Juzgado de Instrucción 44 de Plaza Castilla, cuya titular es la magistrada María Luisa Lázaro Trueba, la juez que archivó la causa contra Alberto Ruiz-Gallardón.

Riesgo para los trabajadores

Los afectados denuncian que el 14 marzo, cuando se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria por el Real Decreto 463/2020, continuaron ejerciendo su labor en la calle «como si no ocurriera nada». Los trabajadores manifiestan que son personal de alto riesgo porque están en continuo contacto con los clientes siendo «sus posibilidades de contagio siete veces mayor que el de otras personas», según un informe aportado a la denuncia elaborada por el letrado José María Bueno. 

Aseguran que la única medida que se tomó fue dos días más tarde de decretarse el estado de alarma, cuando los trabajadores se dividieron en dos grupos que trabajaban de forma alterna. Sin embargo, esta medida no se prolongó en el tiempo y en menos de dos semanas ya estaban trabajando de manera habitual.

Sin guantes ni mascarillas

Durante bastante tiempo tuvieron que realizar el servicio de envío de dinero sin guantes ni protección. Esto supuso una sobreexposición de los trabajadores que debían «tocar la mano de los clientes para el intercambio de las moneda» dado que este servicio no permite operaciones con pago en tarjetas. Según los datos aportados por la propia empresa estatal, desde la crisis sanitaria se ha producido un crecimiento de 7,31 puntos porcentuales en el uso de este servicio con respecto a los meses anteriores.

No fue hasta el 27 de marzo, dos semanas después de decretarse el estado de alarma, cuando se les proporcionó guantes a los trabajadores. En ese momento ya era demasiado tarde, muchos de ellos ya se habían infectado.
Con respecto a las mascarillas, en un principio les comunicaron que «no eran necesarias e imprescindibles» y después, cuando el número de contagiados y fallecidos no paraba de crecer, el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y ahora presidente de Correos, decidió dotar de mascarillas «que no sirven para protegerse frente al virus» a sus trabajadores. El resultado de esto han sido cientos de infectado y dos fallecidos.

Además, no se cumplieron otras normas que se establecen en la página web de la empresa pública. Un ejemplo es que cuando un trabajador ha dado positivo según indican en la web oficial «las personas que han estado en contacto con dicho trabajador no podrán trabajar hasta pasada la cuarentena». Pues bien, esto no ha sido así. Al día siguiente, tras detectarse un positivo por coronavirus, el resto de trabajadores estaban obligado ha desplazarse a su lugar de trabajo «hubiese estado en contacto o no» con su compañero.

Los denunciantes definen la gestión como «un auténtico caos», donde ni siquiera hubo una comunicación expresa por parte del presidente a la red de oficinas postales de toda España que asciende a 2.395, sino que el modo de informarse sobre el protocolo de actuación frente al Covid-19 por parte de la empresa pública se transmitía por «el boca a boca» o, en algunas ocasiones, por «los directores/as de las oficinas».

Además, denuncian que se ha sobreexpuesto a los trabajadores de manera innecesaria puesto que, por ejemplo, el correo certificado no tendrá validez y deberá repetirse dicho reparto ya que no se ha comprobado–debido a la distancia de seguridad establecida– el número del DNI del receptor ni éste ha firmado la entrega. Por ello, se querellan contra el presidente de Correos por presuntos delitos de Lesiones Imprudentes, delito contra los trabajadores y Homicidio Imprudente castigados en el Código Penal con penas de prisión.