¿En qué consiste la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez?

• Aitana Pascual
• Aitana Pascual Cuesta (2001) es estudiante de Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid desde el 2023. Escogió esta profesión por su gran vocación con la comunicación y la escritura. Hoy en día, tiene mucho interés por la historia, deportes y actualidad. Su principal objetivo es seguir formándose y aprender a contar los sucesos de forma clara y rigurosa.
• • 14/04/2026 10:46
  • Actualizado: 14/04/2026 10:59

España afronta uno de los cambios migratorios más importantes de las últimas décadas. El Gobierno ha aprobado una regulación extraordinaria de inmigrantes que permitirá a cientos de personas poder tener papeles y acceder a derechos básicos. La medida, impulsada por Pedro Sánchez, ha creado una división política.

¿Qué es la regularización extraordinaria?

La regularización extraordinaria es un proceso excepcional que permite a personas extranjeras en situación irregular obtener una autorización de residencia y trabajo de forma temporal.

En este caso, el Gobierno ha optado por aprobarla mediante un real decreto, con el objetivo de agilizar los trámites y evitar bloqueos parlamentarios.

Se trata de la primera medida de este tipo en España en más de dos décadas.

¿A quién beneficiará?

El Gobierno de Pedro Sánchez estima que la medida podría beneficiar a cerca de 500.000 inmigrantes que ya viven en España.

Para la acogida, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos clave:

• Haber residido en España desde antes del 31 de diciembre de 2025.
• Acreditar al menos cinco meses de estancia continuada en el país.
• No tener antecedentes penales.

También podrán acceder personas solicitantes de asilo que ya estuvieran en el país en esa fecha.

¿Cómo funciona el proceso?

El procedimiento permitirá solicitar un permiso inicial de una residencia y trabajo de un año, con posibilidad de poder renovarlo.

Además, durante el proceso se suspenderán posibles órdenes de expulsión, facilitando la integración de los solicitantes.

El plazo para presentar las solicitudes está previsto entre abril y junio de 2026, con miles de expedientes que deberán ser supervisados y gestionados por la Administración.

Debate político y social

La regularización de estas personas ha generado un intenso debate tanto político como social.

Mientras el Gobierno la presenta como un acto de justicia y de cohesión social, otros cuestionan su impacto y el efecto llamada, que esto último preocupa mucho.