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El PSOE se reúne con grupos de inmigrantes para quejarse de su alta abstención y sugerirles que les voten

El PSOE lamentó durante una jornada en el Congreso la baja participación electoral de los inmigrantes "vulnerables"

El Partido Socialista aprovechó una jornada en el Congreso por el Día Internacional del Migrante, el pasado diciembre, para reclamar a los inmigrantes «vulnerables» que votasen en las elecciones.

Su argumento fue que en los barrios más desfavorecidos existe una baja participación electoral, que condiciona el triunfo de la izquierda, mientras que aquellos «con mucha pasta» votan siempre.

Así lo reveló el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien expuso abiertamente su «preocupación» por la escasa movilización del colectivo.

Puso como ejemplo Madrid: «En los barrios y en las calles donde hay mayor número de inmigrantes con necesidades, vulnerables, que más necesitan del aporte colectivo, del Estado del bienestar, de la solidaridad, de la empatía… en esos barrios y calles, con inmigrantes nacionalizados, y segundas y terceras generaciones, la participación electoral es más baja».

«Importa quién gobierna»

«No quiero parecer un aprovechategui ante un aforo tan distinguido, pero importa quién gobierna, no es igual que gobiernen unos a otros, lo siento mucho», expuso el dirigente socialista.

Simancas contrapuso este hecho al «distrito de Salamanca» donde, lamentó, «votan todos porque saben lo que se juegan», en referencia así al voto hacia el PP y Vox. «Los inmigrantes venezolanos nacionalizados con mucha pasta también y no se equivocan nunca en lo que votan», añadió.

En este contexto, reclamó abiertamente la movilización de los inmigrantes para hacer frente a la derecha.

«Sólo quiero que las personas con estas necesidades participen políticamente», instó Simancas. Aunque sin pedir abiertamente el voto para el PSOE, su mensaje fue claro: «Sé que si atienden a sus necesidades e intereses van a estar más cerca de unos y de otros…», emplazó, insistiendo en que «otros participan seguro».

«Todos estos que diseñan los bulos van a votar, pero hay niveles de participación en determinados barrios y calles por debajo del 40%. Eso quiere decir que el 60% se queda en casa. Pido que seamos conscientes de que el voto importa, la participación política importa y que gobiernen unos u otros también importa», concluyó.

La jornada fue inaugurada por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y participaron además el portavoz socialista de Migración, Luc André Diouf; la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; la secretaria de Diversidad e Interculturalidad del PSOE de Parla, Aya Benhamama y el secretario de Economía y Empleo del PSOE de Fuenlabrada, Javier Bokesa.

«Nos acusan de ser los causantes de todos los males de la sociedad, tenemos que hacer ver a parte de esta sociedad que España no es ultraderecha», afirmó Diouf, que admitió que el fin de la jornada era «informar de las políticas» desarrolladas por el partido.

«Vivimos en un mundo acosado por una auténtica ola de neofascismo», alertó por su parte Cristina Narbona, quien destacó que «en España somos hijos y nietos de la migración»: «Muchas de nuestras familias tuvieron que emigrar, algunos en épocas de extraordinaria pobreza y subdesarrollo, también durante la etapa de la dictadura franquista, hombres y mujeres que tuvieron que ir a buscarse la vida a otros países condicionados por su origen y rechazados».

Por entonces, el PSOE promovía la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización masiva de inmigrantes. El Gobierno ha sorteado ahora el trámite en el Congreso con la aprobación de un real decreto que beneficiará a más de medio millón de inmigrantes. Se trata de la regularización más laxa de la historia de España.

Podrán acogerse todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran cinco meses en España. Para demostrarlo no será necesario el empadronamiento.

Se aceptarán documentos de todo tipo, como informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, justificantes de envíos de dinero, billetes de transportes o contratos de alquiler, entre otros.

El segundo requisito es carecer de antecedentes penales, aunque bastará con presentar una simple «declaración responsable», que el Gobierno no verificará o, al menos, no se explicita comprobación alguna en el real decreto.