El PSOE maniobra para evitar ser reprobado en Madrid por la sentencia de los ERE
Vox ha registrado una moción para reprobar al PSOE por la sentencia de los ERE y previsiblemente aprobará el texto
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado una votación para el Pleno municipal de este viernes para reprobar al PSOE por la sentencia de los ERE de Andalucía. Ante esto, los socialistas están maniobrando para tratar de quitar del orden del día esta moción.
Fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que en la Junta de Portavoces el grupo municipal que lidera Pepu Hernández ha esgrimido que este asunto no se debería votar en el Pleno municipal. Sostienen que la moción no tiene relación alguna con Madrid. Sin embargo, el PSOE y el resto de grupos municipales llevan a votación constantemente mociones en el Pleno de Cibeles sobre la situación en países situados a miles de kilómetros de distancia de España.
La proposición ha sido registrada por el concejal y portavoz adjunto de Vox Pedro Fernández Hernández. Pide en su texto que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acuerde “reprobar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por su responsabilidad política en los hechos que han sido objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado ‘caso de los ERE’”.
Perdón y devolución del dinero
Igualmente, los de Vox piden «que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acuerda instar al Grupo Municipal Socialista a que, en nombre del PSOE, pida perdón a todos los madrileños por la conducta del citado partido amparando a los ex altos cargos socialistas condenados penalmente».
Chaves y Griñán son personas honestas. Yo confío en su inocencia. #PedroSánchezARV
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 6, 2016
Apoyo del centroderecha
Según ha podido saber OKDIARIO, previsiblemente la reprobación saldrá adelante con los votos, al menos, de Partido Popular y Ciudadanos. Aunque la relación de estos con los de Santiago Abascal están muy tensa por su anuncio, por ahora, de votar ‘no’ a los presupuestos de 2020, las fuentes consultadas por este periódico informan que se inclinan por votar a favor en este momento.
Por su parte, el grupo mayoritario, el de Más Madrid, aún no se ha pronunciado pero por las promesas de regeneración política que impulsó Manuela Carmena podría mover a los ‘errejonistas’ a la abstención o incluso al voto a favor.
Exposición de motivos
En su exposición de motivos, la iniciativa de Vox dice que «entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un sistema fraudulento de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros».
Recuerdan que como consecuencia de ello, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a seis años de prisión y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación. Junto a ellos otros altos cargos suman 67 años de prisión y 250 años de inhabilitación en total.
Vox dice que se trataba de un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones carecían de actividad ni empleados.
El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Chaves. Aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla en el cargo.
El sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de a los trabajadores- con la ausencia de control alguno sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el sistema orquestado permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas. El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, no tomó medidas.
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