El PSOE aprobó en 2024 un protocolo anticorrupción dirigido por una amiga de Begoña que se incumplió a los 2 meses

El PSOE aprobó el 22 de abril de 2024 una ambiciosa Política de Gestión del Sistema Interno de Información, un protocolo anticorrupción que, según consta en el propio documento, obligaba expresamente a todos sus cargos a «comunicar hechos ilícitos» de los que tuvieran conocimiento. Al frente de ese sistema se situó a la gerente Ana Fuentes –ahora imputada por facturas falsas en la Audiencia Nacional– y Lourdes Solís –amiga íntima de Begoña Gómez–.

Cinco meses después, en junio de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tenía en su radar los pagos de 4.000 euros mensuales que el partido habría realizado presuntamente a Leire Díez, la llamada fontanera y cloaquera del PSOE, precisamente para obstaculizar causas judiciales.

Santos Cerdán, entonces secretario de Organización y máximo responsable de autorizar esos pagos según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, era también, por definición del propio protocolo, uno de sus principales obligados a denunciarlos.

El documento, firmado por el Comité de Cumplimiento Normativo y aprobado por la Comisión Ejecutiva Federal (CEF), establece con meridiana claridad que «cualquier persona trabajadora, cargo o miembro del Partido está en la obligación de comunicar hechos ilícitos o contrarios a la normativa vigente». La norma incluye expresamente a los «cargos orgánicos o institucionales del PSOE» dentro de su ámbito de aplicación.

Cerdán, según el auto del magistrado Pedraz, no sólo no denunció nada, sino que habría ejercido un papel de «jerarquía superior» dentro de la presunta organización criminal, asumiendo «la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial».

El protocolo también identificaba al responsable del sistema: el Comité de Cumplimiento Normativo, nombrado por la propia CEF, que a su vez delegaba en el «director o directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo».

Ese cargo —el equivalente al compliance officer que el juez Pedraz ha reclamado a Ferraz— no aparece identificado en ningún documento público del partido, incluido el organigrama oficial publicado en enero de 2026. Podría ser la gerente Ana Fuentes o la amiga íntima de Begoña Gómez, Lourdes Solís, experta en cumplimiento normativo.

La UCO irrumpió en la sede del PSOE en la calle Ferraz 70 de Madrid la pasada semana con orden expresa del magistrado de localizar precisamente ese Programa de Cumplimiento Normativo e identificar al responsable del mismo durante los años 2024 y 2025. Varios medios indican que esa petición «es el paso previo para proceder a la imputación de la persona jurídica», es decir, del propio partido como organización.

Cabe recordar que la imputación del PSOE como responsable de contabilidad ilegal podría ser determinante para los socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

El PSOE había diseñado, además, un canal de denuncias digital —el llamado Sistema CADE, accesible en su web— adaptado a los requisitos de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.

El sistema permitía incluso denuncias anónimas y estaba integrado como «elemento clave» del modelo de prevención de delitos conforme al artículo 31 del Código Penal.

El protocolo establecía asimismo que, en caso de detectar hechos «indiciariamente constitutivos de delito», la Dirección de la Oficina de Cumplimiento debía remitir la información al Ministerio Fiscal «con carácter inmediato y previa aprobación de la CEF».

Cerdán sí trasladó el material recabado por Leire Díez supuestamente con conductas ilegales de jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el expediente. No había ilegalidades. Sin embargo, según Pedraz, Leire Díez sí vulneró la ley al intentar comprar testigos o boicotear investigaciones judiciales.

Imputación como persona jurídica

La causa de las cloacas de Ferraz se convierte así en el segundo procedimiento en el que el PSOE se enfrenta a una posible imputación como persona jurídica. El otro es la causa por el descontrol de pagos en efectivo en su sede, sobre la que planea la sombra de la financiación irregular a través de comisiones ilegales vinculadas al caso Koldo y, según declaró el empresario confeso Víctor de Aldama, de cupos de petróleo venezolano obtenidos por una trama que presuntamente lideró el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana Fuentes, ya ha sido imputada en el procedimiento por la «emisión de facturas mendaces» que habrían permitido la transferencia de fondos con destino a Leire Díez. Junto a ella figuran como investigados el ex dirigente socialista Gaspar Zarrías y los letrados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.

El PSOE construyó durante meses, con documentos formalmente impecables, un andamiaje normativo de apariencia ejemplar: canal de denuncias, comité de cumplimiento, política de gestión, protocolos con referencias a normas ISO y circulares de la Fiscalía.

Lo llamó incluso con un término altisonante: Sistema CADE. Lo que el juez Pedraz investiga ahora es si ese mismo sistema sirvió, en la práctica, de parapeto para camuflar lo contrario de lo que proclamaba prevenir. Un escudo de papel frente a la Guardia Civil.