Los proetarras de Alsasua presionan al Supremo: «Si el juicio hubiese sido en Navarra no estaríamos en la cárcel»

El próximo 18 de septiembre el Supremo revisará la condena impuesta por la Audiencia Nacional a los proetarras de Alsasua acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas. A escasos días de que el Alto Tribunal celebre la vista en la que resolverá, definitivamente, la causa, tres de ellos -Jokin Unamuno, Iñaki Abad y Adur Ramírez de Alda- se pronuncian: «Si el juicio hubiese sido en Navarra no estaríamos en la cárcel».

Así lo sostienen en declaraciones a un digital vasco: «Si se hubiesen respetado nuestros derechos, entre los que se encuentra el derecho al juez natural, y el procedimiento se hubiese llevado» a cabo en Navarra, «no estaríamos haciendo esta entrevista», insisten.

Y consideran que el Supremo no es una última instancia judicial sino «la última batalla» de «un proceso en el que lo único que se ha buscado es el castigo ejemplarizante, la venganza y la confrontación en pro de oscuros intereses, utilizándonos como cabeza de turco. Auténtica jugada de cloacas».

Pero tienen claro que la condena resultante del pronunciamiento que emita el Alto Tribunal «será la que tengamos que cumplir».

Odio 

Para los proetarras, el Supremo tiene dos opciones: o «aplicar el ordenamiento jurídico» o «mantener la misma postura que ha mantenido hasta ahora». En el primer escenario «puede haber reducciones de condena», aseguran. En caso contrario, «nos encontraremos más allá de nuestra propia situación, con el antecedente del uso arbitrario del agravante de odio», sostienen.

Si el resultado final, emanado de la Justicia española, les es desfavorable no descartan un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) -con ciertas reservas- dado que entienden «coartados» sus derechos civiles y políticos.

De 2 a 13 años

La Audiencia Nacional ratificó, hasta en dos ocasiones, las penas impuestas a los 7 condenados por varios delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas tras atacar a dos guardias civiles y sus parejas, a la salida de un bar de copas, el 15 de octubre de 2016.

Un fallo confirmado por la Sala de Apelación del órgano judicial que, sin embargo, y en contra del criterio de la Fiscalía descartó calificar los hechos como terrorismo. Además, estimó parcialmente el recurso presentado por la defensa de Iñaki Abad, al que se redujo en 3 años la sanción inicial.

La sentencia que debe revisar el Supremo impuso trece años de prisión a Oihan Arnanz, doce a Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda; nueve años para Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea y Aratz Urrizola y dos años en el caso Ainhara Urkijo, quien no ha ingresado en la cárcel.