El presidente del Colegio de Médicos: «El confinamiento de Madrid es absurdo y no tiene motivos clínicos»

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, considera que las nuevas restricciones ordenadas por el ministerio de Sanidad son «absurdas». El presidente del Colegio de Médicos cree que si, a la vista de los datos del fin de semana, el cierre perimetral de Madrid ha provocado un aumento de la movilidad interna en la ciudad, puede empeorar la situación. Para Martínez-Sellés, lo absurdo es que los vecinos de los barrios con mayor incidencia de Covid (Puente de Vallecas o Carabanchel) puedan volver ahora -tras la decisión del ministro Salvador Illa- a moverse libremente por toda la capital.

El presidente del Colegio de Médicos asegura que el confinamiento selectivo de 36 zonas de salud que decretó la Comunidad de Madrid hace más de una semana estaba aplanando la curva. «Ahora vemos -ha declarado- los efectos del confinamiento selectivo por áreas. Hemos notado una bajada del número de pacientes ingresados». No entiende «el hecho de que se haya decretado una forma más restrictiva para el conjunto de la ciudad pero menos para determinados zonas» y cree que «se están realizando actuaciones sin mucho sentido epidemiológico».

El presidente del Colegio de Médicos desmiente que la situación en Madrid esté «descontrolada», tal y como se ha publicado este domingo. «La situación es preocupante -dice- pero no está descontrolada». Martínez-Sellés cree que se toman decisiones sanitarias «no por motivos clínicos, sino de otro tipo». «Es un error que puede costar vidas humanas», se queja. «Hay que sacar la gestión de la pandemia de las luchas políticas y crear un comité de expertos que haga recomendaciones científicas», ha añadido el presidente de los médicos madrileños.

El recién elegido presidente del Colegio de Médicos pide que se despolitice la gestión de la pandemia porque se está utilizando como «arma arrojadiza» en una «guerra abierta» entre administraciones. Por eso, pide que un comité de expertos sea el que marque el camino desde el punto de vista epidemiológico frente a «motivos no clínicos».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se lamentó en una entrevista concedida a OKDIARIO de la actitud del gobierno de Pedro Sánchez: «Sánchez está en montar una confrontación política con Madrid para que este Gobierno se rompa». Las restricciones a la movilidad comenzaron a las 22 horas del viernes. Desde entonces, Policía Nacional y Policía Municipal realizan  controles para detectar personas de otros municipios.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este sábado, en las primeras horas de la nueva medida, que la movilidad interna en la ciudad había aumentado. Martínez-Almeida calificó como «ocurrencia» las medidas de restricción decretadas por el Gobierno de la nación. El alcalde se ha preguntado «por qué se produce esta intervención si los números (de contagios) estaban bajando» con las medidas del Gobierno regional. Para Martínez-Almeida el «ordeno y mando no consiste solo en publicar en el BOE» y habló del «gran perjuicio» causado en la hostelería.

El alcalde la capital volvió a criticar que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya establecido mayores controles en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. «No solo Barajas», se lamentó. «Madrid es el principal nudo de transportes y en Atocha el Gobierno tampoco ha adoptado ninguna precaución. Para  el alcalde, «Madrid no expande el virus», sino que la capital «es el principal nudo de comunicaciones» y ve «asombroso que no se hagan test serológicos aleatorios a los turistas que lleguen a Madrid».

Hasta este lunes no tendremos datos actualizados del Covid. Durante la pandemia, los fines de semana no se han ofrecido datos. Madrid y las nueve ciudades cerradas afrontan este lunes, primer día laborable, el verdadero reto de implementar el cierre ordenado por el ministerio de Sanidad. El cierre afecta a la movilidad de 4,5 millones de personas, el 71% de la población de toda la región. La Comunidad de Madrid, que ha recurrido judicialmente la orden del ministerio, calcula que podrían perderse hasta 50.000 empleos.