El PP lleva al Tribunal de Cuentas la devolución del medio millón que costaron el hermano de Sánchez y su asesor

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 23/07/2026 17:00
  • Actualizado: 23/07/2026 17:41

El PP ha presentado una denuncia por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas para exigir el «reintegro» del medio millón que costaron a las arcas públicas, en este caso, de la Diputación de Badajoz -bajo gobierno del PSOE- los enchufes del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y su asesor, Luis María Carrero, ambos condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz.

Según el escrito -al que ha tenido acceso OKDIARIO- presentado por el portavoz del PP en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barros, tanto el hermano del presidente del Gobierno como su asistente tuvieron un coste de casi 530.000 euros, incluye aquí tanto sus retribuciones como los abonos a la Seguridad Social.

El PP señala que esta cifra «aproximada» queda sujeta a la cuantificación exacta que resulte de la documentación solicitada, «debiendo descontarse los periodos de excedencia y suspensión constatados en la sentencia», señala la denuncia.

En concreto, el escrito recoge que el «subtotal de retribuciones brutas» percibidas por David Sánchez (coordinador/jefe de la Oficina de Artes Escénicas) entre 2017 y 2024 ascendió a 320.614,48 euros, mientras que la Seguridad Social a cargo del empleador (30% estimado) supuso un desembolso de 96.184,34 euros. De este modo, el total imputable al hermano músico del inquilino de la Moncloa se eleva a 416.798,82 euros.

En cuanto al que era su asistente, que trabajó antes de Moncloa, Luis María Carrero (Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas), el «subtotal de retribuciones brutas» entre 2024 y 2025 se situó en 87.077,51 euros, mientras que la contribución a la Seguridad Social costó 26.123,25 euros. Así, el total imputable a la contratación de Carrero es de 113.200,76 euros.

A partir de estas cifras, el PP calcula un «menoscabo provisional total estimado» de 529.999,59 euros, sumando las retribuciones brutas de ambos, esto es, 407.691,99, y los conceptos de Seguridad Social por sendas contrataciones, que dan 122.307,60 euros.

Asimismo, el Partido Popular indica que la responsabilidad contable no se circunscribe al perceptor de las retribuciones, sino que «alcanza a quienes, en el ejercicio de funciones de gestión, manejo o administración de fondos públicos, intervinieron en la creación, provisión, informe, aprobación, modificación o mantenimiento de las plazas». Y aquí cita a los otros nueve condenados con penas de inhabilitación por prevaricación administrativa por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz.

«Todo ello sin perjuicio de la eventual extensión a otras autoridades o funcionarios que, tras la investigación, resulten haber intervenido en la gestión de los fondos afectados», añade la parte denunciante, que ejerce la oposición en la Diputación socialista de Badajoz.

Aportación de expedientes

De esta manera, el PP pide al Tribunal de Cuentas que «tenga por presentada la denuncia y por aportada la documentación que se acompaña»; que acuerde la «incoación de actuaciones previas respecto de los hechos declarados probados en la sentencia núm. 152/2026»; y que se requiera a la Diputación Provincial de Badajoz la aportación de expedientes de creación, provisión y modificación de las plazas, nóminas, costes de la Seguridad Social, medios materiales y personales, excedencias, entre otros documentos.

Tras ello, los populares solicitan que «se practique liquidación provisional del alcance; que la investigación se extienda a los perceptores y a los gestores identificados, así como a cualesquiera otros intervinientes que resulten de la instrucción, depurando las responsabilidades contables directas y subsidiarias; y que, determinado el alcance, se ejerciten las acciones de responsabilidad contable frente a quienes resulten responsables, con reintegro de cantidades e intereses», reza en el escrito.

El pasado 14 de julio se conoció que la Audiencia Provincial de Badajoz condenó por unanimidad a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

El tribunal consideró probado que la Diputación de Badajoz le adaptó un puesto de trabajo a sus «apetencias personales» por la ópera, hasta el punto de que el propio acusado admitió en sede judicial que no sabía «dónde está ubicada la oficina de artes escénicas» que dirigía. La Sala, sin embargo, absolvió a los once acusados del delito de tráfico de influencias por falta de pruebas.

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Emilio Serrano, también condenó a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, a dos penas de nueve años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación. El resto de encausados, entre ellos altos cargos del Área de Cultura y de Recursos Humanos, recibieron penas similares por cooperación necesaria.