El PP exigirá una cláusula antiDelgado: los cargos políticos no podrán pasar directamente a puestos judiciales

Ni era cierto el pacto judicial con el PP que anunció Pedro Sánchez hace meses. Ni es cierto que las exigencias del PP se limiten a la independencia de los jueces y del Poder Judicial. El partido de Pablo Casado también quiere acabar con la instrumentalización de la Fiscalía General provocada por la entrada en su cúpula de Dolores Delgado. Por ello, los ‘populares’ quieren aprovechar el acercamiento de los socialistas para exigir una cláusula antiDelgado, pero una que se convierta en un punto y final de los intentos de los partidos de incrustar a un político directamente en cargos de relevancia con el fin de controlar los procesos judiciales.

El plan del PP pasa por exigir que ninguna persona que haya ocupado un cargo político decisivo pueda pasar en un plazo de cinco años a ocupar un puesto de juez o fiscal. Ha sido lanzado por la evidencia de una Fiscalía que es capaz de ir en contra de la inmensa mayoría de querellas contra el Gobierno o de llegar a ver con naturalidad la connivencia de fiscales en casos tan graves como el de Iglesias y Dina.

Pero no quiere limitarse a la situación actual con, por ejemplo, Dolores Delgado, y busca acabar con un problema que se ha convertido en reiterativo y puede serlo más: hay que recordar que el actual Gobierno también cuenta con magistrados en cargos de ministro y algunos de ellos, como es el caso de Fernando Grande-Marlaska ha tenido un indudable protagonismo, no sólo en cuanto a la gestión de su departamento, sino también en cuanto a la defensa política de los posicionamientos del PSOE.

En el caso de los jueces el asunto es relevante, pero al menos el afectado directo en un caso judicial tiene la posibilidad de solicitar la recusación. Pero el caso llega a la posición más dramática en los asuntos en los que es el fiscal el que es claramente partidario de un posicionamiento ideológico o político que puede influir en el desarrollo del proceso, (caso de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado) la fiscalía porque ante los fiscales no existe la posibilidad de recurrir exactamente del mismo modo a la figura de la recusación.

El PP quiere zanjar todos esos casos de indefensión ante jueces o fiscales y plantea ahora un cortafuegos de cinco años para poder volver a desarrollar la labor fiscal o judicial por parte de aquellas personas que hayan ocupado un alto cargo político. Se trata de un paso más del PP en el intento de rebajar la politización de la Justicia. Y un paso más que sucede mientras el PSOE insiste en su asalto al Poder Judicial.

El otro paso, que ya adelantó OKDIARIO el pasado 8 de octubre y que ahora presenta el PP en una proposición de ley este mismo lunes, sentará las bases de una fórmula de elección que limitará la capacidad de designar miembros del Poder Judicial por parte de los partidos políticos.

La Constitución

El modelo del PP parte del artículo 122.3 de la Constitución e introducirá un cambio en su desarrollo. Ese artículo señala que «que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión».

La proposición de ley de los ‘populares’ no reclama la elección directa por los jueces de los doce vocales a elegir «entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales». Seguirán siendo elegidos finalmente en las Cortes, tal y como determinó la reforma de 1985, pero con una importante limitación: y es que esa elección política tendrá que ser sobre una preselección previa de 35 nombres -se ha barajado una horquilla de 30 a 40- llevada a cabo por los jueces.

Además, los candidatos que lleguen a esa lista de 35 tendrán que contar con un número elevado de avales, de forma, que deberán gozar de una aceptación generalizada para poder ser admitidos como candidatos.
El cambio se plasmará en la mencionada proposición de ley. Pero se acompañará de exigencias políticas en una posible negociación con el PSOE: que los socialistas retiren la propuesta de elección de los vocales del Consejo, «contraria a la Constitución y a los Tratados Europeos, y que va contra la independencia judicial y la separación de poderes» y que Podemos no tenga nada que ver en este proceso «como partido imputado que arremete contra el Poder Judicial y contra el Rey».

El PP quiere dejar clara, de esta manera, su postura, de forma que, en caso de iniciarse negociaciones con los socialistas para renovar los órganos judiciales, sean visibles las bases y los límites admisibles por su parte.
Los ‘populares’ quieren acabar, además, con la inyección de continuos rumores sobre una supuesta predisposición a alcanzar un pacto con Pedro Sánchez.

Pacto con el PP

Hay que recordar que Pedro Sánchez llegó a anunciar un supuesto pacto de la Justicia con Pablo Casado. Pero lo cierto es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no estaba pactada, ni mucho menos. Más bien, todo lo contrario: porque el PP exigió como condición previa ineludible una reforma que restara politización a la elección de los cargos del Poder Judicial.

Eso sí, Sánchez metió prisa al PP por un motivo. Quería generar en la opinión pública la imagen de que el PP estaba por la labor de un pacto antes de que ocurrieran dos cosas: la primera, la salida de Don Juan Carlos de España -cuestión que conocía y no comunicó al PP-; la segunda, la batalla que Podemos y el propio PSOE preparaban contra la Monarquía.

Y necesitaban esa falsa foto de un supuesto prepacto en la Justicia para intentar dejar atrapado al PP antes de que esos dos factores hiciesen imposible cualquier acuerdo por la magnitud del desafío a las instituciones constitucionales españolas. Ahora, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vuelven a pisar el acelerador de un hipotético acuerdo para politizar la Justicia con el fin de intentar que el nuevo Poder Judicial influya para bloquear los procesos judiciales abiertos contra el partido morado y su líder y vicepresidente del Gobierno de España.