La mafia policial de Palma suministraba prostitutas gratis a políticos

La investigación judicial de la mafia policial de Baleares aflora sobornos a políticos y policías con prostitutas y bebidas a cambio de hacer la vista gorda con los prostíbulos «precisamente en zonas o materias en las que intervenían por razón de su cargo», señala el auto en poder de Okdiario.

Los empresarios de locales de alterne investigados gozaban de privilegios como el «no sometimiento a inspecciones». Incluso eran avisados previamente de su realización. Gracias a la declaración de más de una veintena de testigos protegidos se han descubierto más nombres de policías que aún no estaban siendo investigados y que a partir de ahora se incluyen en las pesquisas sumariales. En total, suman ya más de 30 los policías imputados, seis de ellos encarcelados, entre ellos el jefe de la Patrulla Verde Gabriel Torres.

Tras tres años de pesquisas, el magistrado encuentra «nuevos y graves delitos» de cohecho «cometidos por numerosos policías locales señalados con nombres y apellidos, a quienes se les habrían entregado sobres de dinero». Además existen indicios de delitos como tráfico de influencias, contra la salud pública, extorsión, coacciones, falsedad, prevaricación, negociaciones prohibidas y uso de información privilegiada.

El Juzgado número 12 de Palma de Mallorca califica de organización criminal el colectivo policial investigado. El juez ha vuelto a decretar el secreto del sumario tras las numerosas solicitudes de protección de los nuevos testigos que han mostrado miedo a declarar por temor a las amenazas y coacciones de algunos grupos de policías.

El juez desvela en su auto que la existencia de esta mafia policial fue conocida por sus responsables políticos sin que hicieran nada para eliminarla. De hecho, el magistrado señala que archivaron una denuncia contra un policía local de Palma en el que se alertaba de sus negocios vinculados a la trama de los prostíbulos.

De la investigación se desprende que los policías locales imputados «tenían un contacto directo con algunos cargos políticos».

Las pesquisas judiciales también afectan a las amenazas que ha sufrido la responsable de Seguridad Ciudadana. El auto detalla que dicha presión sobre este alto cargo del Ayuntamiento proceden «casi con toda seguridad de parte del colectivo de policías corruptos». El juez explica que, precisamente, estos intentos de «chantaje, coacción, uso torticero del poder» exigen el secreto de la causa porque de otro modo «pocas personas se hubiesen atrevido a declarar con libertad».

En el auto se cita a diversos cargos del Ayuntamiento de Palma como sospechosos y fuentes judiciales señalan que «podrían rodar cabezas de altos cargos políticos» en las próximas semanas. El magistrado además dispone como elementos probatorios ordenadores requisados a los implicados, teléfonos móviles y el testimonio de alguno de los agentes detenidos. A todo ello se suma el relato de más de 20 testigos protegidos.