La Policía termina los registros ordenados por el juez sobre el censo del 1-O

La Policía Nacional ha finalizado, tras seis horas, los registros que ha efectuado este martes por orden judicial en la consellería de Economía, el Centro de Telecomunicaciones (CTTI) y en Mediacloud, empresa del grupo Mediapro, donde la Generalitat catalana controla los certificados de envío de correos.

Según han informado fuentes de la investigación, el último de los tres registros que aún continuaba activo esta tarde, el del ordenador del jefe de gabinete técnico de la consellería de Economía, ha finalizado poco después de las 16.00 horas.

El juez de Barcelona que investiga el 1-O ha ordenado los tres registros en búsqueda de pruebas para acreditar si el Govern obtuvo de forma ilegal el censo para el referéndum, después de que el pasado 5 de diciembre la Policía ya registró la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

En la operación de hoy, la Policía ha detenido al director del Idescat, Frederic Udina, y al jefe del gabinete técnico de la consellería de Economía, Daniel Gimeno, que una vez finalizado el registro en la sede de su departamento, en la Rambla de Barcelona, ha sido trasladado a la comisaría de la Verneda.

Sin información en Mediacloud

Anteriormente había finalizado el registro en Mediacloud, una empresa dedicada a la prestación de servicios de «hosting» informático (alquiler de espacio en la nube) a empresas, entidades e instituciones públicas y tiene su sede en el edificio Mediapro, en la Diagonal de Barcelona.

Según la compañía que preside Jaume Roures, la diligencia «ha resultado negativa», ya que la Policía no ha detectado «ninguna conectividad» entre Mediacloud y la AOC y ha verificado que los servidores de Mediacloud «no alojan ninguna base de datos» de la Generalitat.

«En ningún caso la Policía ha registrado dependencias ni servidores de la empresa Mediapro», ha subrayado la firma audiovisual en un comunicado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona mantiene imputados a varios ex altos cargos del Govern por los preparativos del 1-O, en una causa en la que investiga entre otros aspectos si hubo malversación y cómo se obtuvieron las bases de datos para el censo del referéndum ilegal.