Una policía de Palma dice que el hijo de una pareja de Álvaro Gijón tuvo trato de favor al ser detenido

Una policía local de Palma ha manifestado ante el juez que, en enero de 2013, el hijo de la entonces pareja del regidor del PP y diputado Álvaro Gijón recibió un trato de favor tras ser detenido por un incidente con varios agentes y ser de inmediato puesto en libertad.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes durante su declaración como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12, Manuel Penalva, en el marco del caso que investiga la presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía para beneficiar a determinados empresarios con la connivencia de altos cargos políticos.

En su extensa comparecencia, la testigo ha ratificado además haber sufrido vejaciones homófobas por parte de varios de sus compañeros así como el trato discriminatorio dentro del cuerpo tanto en el día a día como a la hora de promocionarse, tal y como han señalado fuentes presenciales en la declaración.

La agente fue citada a declarar este viernes junto a otros dos testigos en el marco de estas diligencias. Sin embargo, la comparecencia de la policía se ha prolongado durante más de tres horas, lo que ha provocado que el resto de interrogatorios se hayan aplazado al próximo martes.

El pasado mes de septiembre fue cuando la agente denunció haber sufrido «episodios vejatorios» y «abusos constantes», según informó la asociación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales Ben Amics. La afectada era la única mujer entre doce hombres.

«Maricones, bolleras, tortilleras» eran palabras habituales en mi día a día», relataba la mujer, que contó que en una ocasión encontró una herramienta de trabajo «llena de huevo seco» y «tuvo que escuchar cómo le preguntaban entre risotadas» si le había «gustado la tortilla».

Asimismo, Ben Amics criticó que los superiores directos de los agentes responsables «les protegían»: «El superior al que denuncié me advirtió gritando que me pensara bien qué es lo que contaba y que si no era capaz de trabajar en esa unidad, le redactara una renuncia», explicó.

Si bien la víctima asegura que otros compañeros la trataron con respeto y «como a uno más», finalmente pidió un traslado a una unidad distinta.

En concreto, en el marco de esta causa se investiga la presunta comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho presuntamente perpetrados por numerosos agentes investigados.

El juez llega a aludir en varios de sus autos a las prácticas «pseudomafiosas» llevadas a cabo por una «organización criminal», en referencia a la impulsada por los agentes encausados, cuyos miembros son «auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas».

El magistrado se refiere a los policías investigados como personas «sin escrúpulos» y «delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación».