La Policía foral empieza a pedir la ‘pasarela’ a la Nacional por temor al Gobierno de Chivite

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 08/08/2019 06:42
  • Actualizado: 08/08/2019 08:56

La llegada de la socialista María Chivite al Gobierno de Navarra no ha templado la preocupación del cuerpo de la Policía Foral que, desde hace tiempo atrás, recela de la deriva nacionalista del Ejecutivo.

El principal motivo de queja entre la Policía Foral ha sido la imposición del euskera por parte del anterior Gobierno de Uxue Barcos. Uno de los grandes asuntos de confrontación entre el cuerpo policial navarro y sus responsables políticos. Los sindicatos policiales denunciaron con vehemencia la discriminación que significaba exigir el idioma, que no es mayoritario en la Comunidad Foral, cambiando el perfil lingüístico de determinadas plazas.

Listas negras

Ya en funciones, Barcos remitió una carta a los agentes forales en los que se les advertía de ese cambio. Los policías debían dar voluntariamente su consentimiento para que la plaza alterase su perfil lo que, según denunciaron los colectivos, escondía la intención del Gobierno de disponer de ‘listas negras’ de agentes que rechazasen adoptar el euskera. Y, también, de facilitar promociones a los policías que sí lo hiciesen.

El sindicato APF denunció entonces los «gravísimos hechos» y advirtió de que «el euskera no puede otorgar privilegios a quienes lo hablen, y, desde luego, el euskera no puede ser un salvoconducto para que pueda promocionarse internamente con mucha más facilidad y rapidez». Esta organización reivindicó el «derecho a no aprender el euskera».

El sindicato CSIF, por su parte, criticó también la  «injustificada y flagrante imposición del requisito preceptivo de euskera a plazas de la Administración» y censuró que «en muchas plazas no ha habido notificación alguna a los afectados y en otros casos, como Policía Foral, se ha remitido de un modo totalmente informal un documento a los funcionarios, dando por hecho incorrectamente que están informados de la asignación de perfil lingüístico a las respectivas plazas que ocupan».

Además, criticó que «se exigía a los implicados que se postulen a favor o en contra de dicha asignación» y que «se incluyan en un informe si se niegan a cumplimentar el documento y tengan que explicar las razones de dicha negativa». Según el sindicato, el Gobierno de Barcos pretendía «imponer con calzador el vascuence en todo aquello que está en su mano, de un modo discriminatorio y adoctrinador, vulnerando los principios básicos de acceso, promoción y traslados en la función pública».

Gestos al nacionalismo

Chivite ya ha revelado con sus nombramientos cuáles serán los ejes vertebradores de su política. En la competencia lingüística, como consejera de Relaciones Ciudadanas, mantiene a Ana Ollo (Geroa Bai), la polémica responsable del plan del euskera en la pasada legislatura y su controvertida aplicación en la Administración Pública, exigiendo conocer el idioma como requisito para determinadas plazas. Según un estudio de la Universidad del País Vasco, solo el 6,7% de los ciudadanos de Navarra lo utiliza. 

Chivite ha anunciado un nuevo plan estratégico, pero los guiños al nacionalismo se plasman ya en el mismo documento del acuerdo firmado para su investidura, con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. En éste se establece la intención de «desarrollar de forma progresiva la oferta educativa del euskera» e «impulsar un amplio acuerdo social y político en torno al euskera, reflejo de la idiosincrasia y realidad socio-lingüística navarra».

Los agentes forales observan así con inquietud el devenir en el nuevo escenario político de un Gobierno ‘rehén’ de sus socios. Especialmente de EH Bildu que, desde fuera, tendrá toda la capacidad de maniobrar para imponer sus decisiones. La formación de Arnaldo Otegi, que ya fue imprescindible para que Chivite saliese investida –con cinco abstenciones– resulta también clave a la hora de que el Gobierno pueda sacar adelante sus iniciativas en el Parlamento.

La ‘pasarela’, el cambio de cuerpo policial, es un derecho que figura en las leyes de personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, aprobadas en 1995, pero aún pendiente del reglamento que lo desarrolle.

Sendas normas contemplan que agentes de las fuerzas de seguridad autonómicas –Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y policías canaria y navarra– puedan ingresar en los otros dos cuerpos en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia y siempre que posean la titulación requerida.

Esta posibilidad es especialmente conocida en Cataluña, donde los Mossos llevan años reclamando el trasvase ante la alta tensión independentista. Sus peticiones, pese a las promesas políticas, han sido desatendidas. Las peticiones se incrementaron especialmente tras la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O y la apertura de expedientes a los agentes que se manifestaban leales a la Constitución. Una situación que continúa.

El acuerdo de Gobierno de Chivite prevé, en referencia a la Policía Foral, que este cuerpo sea «la policía de referencia». Para ello, reclama «la transferencia a Navarra de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial» y «seguir trabajando para que la Policía Foral sea la policía de referencia en Navarra en materia de seguridad ciudadana y medioambiente». La transferencia de las primeras llegó a ser acordada entre Pedro Sánchez y Barcos, pero el fin precipitado de la legislatura evitó que se materializase. Ahora, la nueva presidenta asume los mismos postulados que su antecesora lo que, por otra parte, genera preocupación en la Guardia Civil.