El Poder Judicial alerta del desarme del Estado sin la sedición: «Ya sólo será punible el golpe militar»

Los ocho jueces del Consejo General del Poder Judicial que han plantado cara al asalto del Gobierno al Tribunal Constitucional preparan un informe sobre las consecuencias de la supresión del delito de sedición del Código Penal. Según ha podido saber OKDIARIO, los vocales defenderán que si se elimina la sedición «ya sólo será punible el golpe militar», provocando un vacío legal que conllevará la impunidad para aquellos que pretenden atentar contra el orden constitucional sin la utilización de armas. Los magistrados debatirán sobre este asunto en el pleno que se celebrará este jueves y propondrán enviar este escrito al Congreso de los Diputados ante la falta de petición por parte de la Cámara que ha decidido tramitar esta reforma por proposición de ley –en lugar de proyecto de ley– para evitar los informes de los órganos consultivos.

Fuentes del CGPJ explican a este periódico que «es cierto que la sedición tiene un encaje complicado dentro del Código Penal, porque –a pesar de considerarse una ofensa a la Carta Magna– no está ubicado dentro de los delitos contra el orden constitucional, sino en aquellos que afectan al orden público». Esta ubicación «errónea» ha provocado que en Europa se discutiera sobre la gravedad de los hechos ocurridos en el otoño de 2017 en Cataluña.

Pero, la solución, argumentan, no es la supresión de la sedición como pretende el Gobierno de Sánchez, dado que «al enmarcar dicha conducta como un delito de desórdenes públicos, disminuiría la responsabilidad penal». Además, añaden estos expertos que la eliminación de la sedición del Código Penal provocaría «un espacio demasiado amplio entre la rebelión y el desorden público que, a los efectos de protección del ordenamiento constitucional, resultaría que conductas que ofenden a la estructura del Estado sólo serían castigados si revistiesen gravedad extrema». Como, por ejemplo, un golpe militar.

Propuesta a Sánchez

Por ello, los magistrados proponen cambiar el delito de sedición de lugar y enmarcarlo en el Título XXI, dentro de los delitos contra la Constitución, junto a la rebelión. De esta manera, manifiestan que «no habría confusión en Europa» y no dudarían en entregarnos a prófugos de la Justicia como Carles Puigdemont.

También, entre los cambios a realizar, el órgano de gobierno de los jueces declara que habría que aprender de la experiencia vivida en el proceso independentista catalán. Durante el referéndum ilegal, exponen, se aplicaron «nuevas fórmulas» para conseguir legalmente la secesión de una parte del Estado como, por ejemplo, el empleo de la informática, el desvío de dinero hacia el exterior, la generación de lobbies para apoyar las actuaciones ilegales… etc. «Habría que aplicar esa experiencia para modernizar el tipo penal e incorporar estas conductas que persiguen el mismo objetivo ilícito: gestionar una parte del Estado ilegalmente», aseveran.

Pero, además, estos magistrados también consideran importante mandarle un mensaje al Gobierno de Sánchez. En ese informe, que aún no se ha terminado de redactar y que está pendiente por aprobar si se enviará al Congreso, los jueces sopesan añadir que «no se puede reformar el Código Penal para dejar sin efecto una sentencia». Esto es lo que pretende Sánchez al eliminar la sedición: conceder una amnistía enmascarada a los golpistas catalanes condenados, algunos de ellos, a 13 años de prisión.

Las fuentes judiciales explican: «El artículo 24 de la Constitución incluye la reserva de jurisdicción, esto determina que la capacidad para imponer penas reside exclusivamente en los jueces. Una vez decidido el contenido de una sentencia no se puede utilizar la ley para desactivarlas». Concluyen que «se puede conceder un indulto, asumiendo las consecuencias políticas, pero no diseñar una ley ad hoc para unas personas concretas con el objetivo de desactivar una resolución judicial en relación con esas personas. Eso es algo constitucionalmente muy discutible y puede entrar en contradicción con la reserva de jurisdicción. Y, por ende, esto conlleva resquebrajar el Estado democrático de derecho». Esto es lo que el Gobierno de Sánchez no quiere escuchar y, para ello, ha llevado a cabo una burda maniobra para evitar los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado.