España

El PNV también mantiene en su cargo al segundo de los condenados por corrupción de la ‘Gürtel’ vasca

El principal condenado por el caso más escandaloso de corrupción del PNV es Alfredo de Miguel, ‘número 2’ del partido nacionalista en Álava que ha sido condenado por la Audiencia Provincial por el conocido ya como ‘caso Gürtel’ del PNV. Y el PNV lo mantiene en su cargo pese a una condena de más de 13 años de prisión. Pero no es el único condenado por corrupción que los separatistas vascos mantienen cobrando en sus respectivos destinos públicos. El segundo condenado, Koldo Ochandiano, sentenciado a 6 años y 9 meses de prisión, también sigue en su puesto.

El caso por el que han sido condenados ambos el pasado mes de diciembre es un escándalo de corrupción de nada menos que 16 millones de euros. De Miguel ha sido condenado por ello a 13 años y tres meses de prisión por asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Pero el PNV ha decidido que ambos sigan en el cargo hasta que haya sentencia firme. Esa decisión la ha tomado el mismo partido que consideró que la Gürtel en Majadahonda imposibilitaba su respaldo al Gobierno del PP de Mariano Rajoy y dio su apoyo decisivo a la moción de censura que sentó en La Moncloa a Pedro Sánchez.

El ex dirigente del PNV de Álava Koldo Ochandiano, por su parte, sigue en su puesto de contable en el Parque Tecnológico de Miñano, como si nada hubiera pasado en los tribunales. Ochandiano ocupó también ese puesto en 2008 y 2009, justo durante las fechas en las que se produjo la ‘Gürtel’ vasca. De hecho, fue la empresaria que gestionaba la ampliación y desarrollo de los terrenos del parque tecnológico, Ainhoa Alberdi, la que abrió el melón de este caso al denunciar el intento de cobro de una comisión de 100.000 euros por un contrato.

Fundación Hazi

La Fundación Hazi, por su parte, es la entidad en la que trabaja Alfredo de Miguel, ex ‘número 2′ del PNV de Álava condenado por liderar una trama de cobro de comisiones. En la que trabajaba. Y en la que sigue trabajando. Porque el PNV considera que, hasta que no haya sentencia en firme –y la actual está recurrida– no debe retirarle el apoyo.

“Hazi nace como una herramienta del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco para la definición y el soporte técnico en la puesta en marcha de sus políticas y acciones”, señala la página web de esta entidad. Acto seguido, sus propios datos destacan que De Miguel trabaja en una fundación que mueve “20 millones de euros en volumen de negocio anual”, que cuenta con “190 trabajadores” y cuya función es “alinear objetivos con los del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.

El director general de Hazi, Asier Arrese, ha dejado claro ya que «cualquier toma de medidas cautelares desde Hazi no estaría suficientemente soportada y podría vulnerar derechos fundamentales». Y, con ese argumento, sigue en su puesto De Miguel.

En el la ¡Gürtel’ vasca fueron juzgados los responsables de una trama vinculada a ex dirigentes del PNV, bajo la presidencia de Iñigo Urkullu, y dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Para ello se creó un entramado societario, en 2005, por el responsable del aparato del PNV en Álava, Alfredo De Miguel –entonces número 2 del partido en Álava y responsable de financiación, obras y servicios para los ayuntamientos alaveses y de urbanismo en la provincia; y, vicepresidente de la entidad de Ahorros ‘Caja Vital’, primera entidad financiera de Alava, actual Kutxabank- y los dirigentes del PNV Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

Contratos irregulares

Todos los procesados, ahora condenados, aprovecharon su posición y sus relaciones políticas y administrativas, derivadas de los puestos que ocupaban, para beneficio económico propio y para favorecer a terceros siempre afines a su formación.

Con el objetivo de lograrlo, los acusados idearon un sistema de asignación irregular de contratos y adjudicaciones de obra pública, en diferentes entes y administraciones gobernados por el PNV, por los que los empresarios próximos al entorno nacionalista vasco pagaron ‘mordidas’ ilegales. En algunos casos, reconoce la sentencia, fueron necesarias operaciones urbanísticas de recalificación de suelo, que se formalizaron a través de contratos simulados.

En la calificación definitiva, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Alava comparó los hechos con las prácticas seguidas por la mafia siciliana, calificando a De Miguel como ‘el Padrino’. Éste defendía los movimientos opacos de dinero por estar amenazado por ETA, hecho desmentido en juicio por un informe de la Policía Nacional.

Apenas se ha podido recuperar una mínima parte de ese dinero negro en manos o cuentas de los acusados, que siempre han defendido que no era para ellos.

Una de las empresas de la trama fue Landaburu Etxea, S.L., sociedad mediante la que el PNV compró el edificio de la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, donde se encuentra la sede central del PNV en Alava.