El PNV logró la ley del cupo tras amenazar en pleno 1-O con exigir un referéndum en el País Vasco

El PNV logró la ley del cupo vasca tras amenazar con lanzar su exigencia separatista estrella en pleno 1-O: la exigencia de un referéndum parecido al catalán, pero en el País Vasco. Los nacionalistas vascos arrancaron en las anteriores negociaciones presupuestarias un más que favorable cálculo multimillonario del cupo -tanto en forma de compensación por un supuesto maltrato económico en el pasado (1.400 millones de euros), como en forma de nuevo saldo favorable para los próximos años-.

Y lo hicieron poniendo en la mesa una buena dosis de presión separatista: porque, o se les tenía contentos, o amenazaban con trasladar las últimas y recientes reivindicaciones de su consulta separatista en pleno 1-O, algo que hubiese disparado la tensión nacional.

El PNV se aprovechó del golpe separatista catalán y del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El Gobierno del PP quería sacar adelante los Presupuestos porque era conveniente para mantener el auge económico y la creación de empleo. El PNV vio la oportunidad generada por la debilidad parlamentaria de los populares en el Congreso y puso en valor el hecho de que sus cinco diputados fuesen necesarios para poder aprobar la ley presupuestaria. Y ese valor se convirtió en un caro precio.

Pero la realidad es que aquello fue una especie de elección entre ‘susto o muerte’: el susto del precio del cupo, o la muerte de insinuar permanentemente en las reuniones los nacionalistas que, si no salían contentos, no podrían calmar a sus votantes en el País Vasco y pasarían a contentarles con dosis de demagogia separatista: la exigencia del derecho a convocar un referéndum vasco. Y con un elemento de tensión adicional: lo harían en plena efervescencia separatista catalana, en las cercanías del 1-O como muestra de respaldo a los golpistas catalanes.

El resultado es conocido. El Gobierno aceptó compensar con 1.400 millones de euros a los nacionalistas por, supuestamente, haber realizado mal la liquidación de los cupos correspondientes a los dos últimos quinquenios, el de 2007-2011 y el de 2012-2016, y, además, el cupo base -lo que tiene que pagar el País Vasco cada año por los servicios que realiza y costea el Estado en este territorio- para el quinquenio 2017-2021 quedaba fijado en sólo 956 millones de euros, una cantidad claramente más cercana a los 850 millones que planteó el equipo de Iñigo Urkullu al inicio de la negociación que a los 1.200 millones que el Gobierno de Mariano Rajoy había fijado en el borrador inicial de los Presupuestos de 2017.

Y, efectivamente, el PNV no lanzó su órdago en ese momento. Aunque lo ha hecho hace una semana. Según ellos, no quieren que ese “derecho a decidir” sea una ruptura unilateral: simplemente quieren que el resto de España acepte que ellos pueden marcharse cuando quieran. Que se les reconozca como un derecho en el futuro Estatuto de autonomía que ya reclaman.
El PNV salió contento de aquellas negocaciones. Tanto que incluso buscó que Carles Puigdemont parase la declaración unilateral de independencia.

Y es que el PNV, experto en dosificar la tensión y en salir airoso de las negociaciones millonarias, veía que los separatistas catalanes corrían demasiado y, eso, podía romper las bases de una negociación larga y próspera. De una negociación que cada 365 días volviese a suponer un motivo de alegría. Para los nacionalistas.

Por ello el lehendakari Urkullu telefoneó al presidente catalán para pedirle que paralizase la declaración unilateral de independencia y abriese una última puerta a la negociación con el Ejecutivo de Rajoy. La propuesta consistió en pedirle que anunciara una convocatoria de elecciones autonómicas antes de que el Senado aprobase la aplicación de las medidas de puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont no hizo caso. Y hoy, con el 155 vivo, las negociaciones de los Presupuestos de 2018 han encontrado más piedras de las esperadas por el PNV en el camino, ya que sus propios votantes le exigen gestos de simpatía hacia los golpistas catalanes. Un motivo por el que el PNV ha reclamado ya un referéndum vasco y las competencias sobre los presos y prisiones en el País Vasco.