España
'Caso Begoña Gómez'

Plantón del abogado de Begoña al juez Peinado: no acude a las primeras citaciones tras la querella

El ex ministro Antonio Camacho no ha acudido este lunes a las declaraciones de cuatro testigos

El abogado de Begoña Gómez, el ex ministro Antonio Camacho, ha dejado plantado al juez Juan Carlos Peinado después de presentar una querella contra él por prevaricación. Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO subrayan que este lunes se ha celebrado una sesión clave en la instrucción por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, el letrado de la imputada no se ha dejado ver por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ubicado en el complejo judicial de Plaza Castilla.

Varias de las acusaciones populares personadas en el caso (Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Movimiento Regeneración Política de España y Vox) han mostrado su perplejidad con esta sonada ausencia de Camacho en la mañana de este lunes en la sexta planta del edificio. No tenía obligación de acudir, pero ha sorprendido la decisión de no presenciar los interrogatorios y rechazar la posibilidad de realizar preguntas a los cuatro testigos citados por el juez en aras de desmontar posibles responsabilidades penales de su clienta. Camacho, que ha estado de vacaciones en Portugal en las últimas semanas, tendrá que decidir si deja de asistir a todas las declaraciones del caso Begoña Gómez o si cambia de actitud y vuelve a las dependencias del juzgado citado.

El juez Peinado, que ha imputado a Begoña Gómez, ha tomado declaración como testigos este lunes a Leticia Lauffer, directora de Wakalua; a Luis Miguel Ciprés, consejero delegado (CEO) de Barrabés, y a los representantes de Reale Seguros y la Fundación La Caixa, entidades que financiaron la cátedra de la principal imputada en la causa. Esas compañías han afirmado que no revisaron el currículum vitae de Begoña Gómez a pesar de que OKDIARIO ya había publicado en esas fechas que no tenía ninguna licenciatura oficial y homologada.

El letrado Camacho presentó hace menos de un mes, el pasado 2 de agosto, una querella por prevaricación contra Peinado, escasos tres días después de la que registró la Abogacía del Estado que depende del Gobierno de Pedro Sánchez. La defensa de Begoña Gómez quiere llevar al citado magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. Se prevé que en las próximas semanas se resuelva si se admite a trámite ese escrito. Fuentes judiciales indican que se registran cientos de querellas de este tipo y prácticamente ninguna tienen recorrido.

En un escrito de 53 páginas, el abogado de Begoña Gómez esgrime que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas ya que, según su consideración, habría trasladado a las acusaciones populares «actuaciones procesales declaradas secretas», lo que propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.

Sin ahorrar en descalificaciones, Camacho ataca al juez en ese texto afirmando que Peinado ha adoptado decisiones judiciales «arbitrarias y manifiestamente injustas». Acusa al instructor de «una aplicación del derecho incomprensible». «Ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones».

Habla de «una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra doña Begoña Gómez, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico». El letrado se queja también de que Peinado ha ampliado el objeto del procedimiento y, a su juicio, «rebate así, conscientemente y a sabiendas, no uno, sino dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que, tras la petición de los mismos por el magistrado, han descartado la existencia de indicios de delitos en los hechos investigados».

Tras esa afrenta, Antonio Camacho ha decidido marcar distancias y no tener un nuevo cara a cara con Peinado. En la primera oportunidad para verle tras esas duras palabras, el letrado ha optado por la espantada. En las últimas sesiones previas a la de hoy el juez le ha reprendido en varias ocasiones fiel a su estilo serio y cortante. Le ha regañado por no dejar hablar a Begoña Gómez o, en otra ocasión, por gesticular mientras hablaban testigos.

Declaraciones

Este lunes ha trascendido que las dos empresas que financiaron la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid han reconocido que desconocían que la esposa de Pedro Sánchez no poseía una licenciatura oficial, como reveló OKDIARIO en 2018. El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha tomado declaración como testigos a Ignacio Mariscal, de Reale Seguros, y a Marc Simón Martínez, subdirector de la Fundación La Caixa. Ambos han detallado cómo se gestó el acuerdo que se tradujo en 120.000 euros para la creación de la polémica cátedra de Begoña Gómez.

Supuestamente Reale Seguros y La Caixa participaron en la cátedra de Begoña Gómez debido al respaldo de la Universidad Complutense de Madrid. Sin examinar el historial académico y profesional de la esposa de Sánchez, estas dos empresas, a las que posteriormente se unió una tercera, decidieron financiar el proyecto confiando en el aval de una universidad de gran prestigio.

Marc Simón, de la Fundación La Caixa, ha indicado que los resultados de la cátedra dirigida por Begoña Gómez, y que la entidad decidió patrocinar, han sido satisfactorios, subrayando que no mantuvieron ningún contacto con Pedro Sánchez. En una nota de prensa, la Fundación La Caixa afirma que Simón ha dicho al magistrado que los primeros contactos que tuvo con Begoña Gómez para integrar a la fundación como patrocinadora ocurrieron en 2018, un par de años antes de que se materializara el proyecto de la cátedra.