Penalistas y Fiscales apuntan ya a la posible ampliación al delito de rebelión para Puigdemont

Querellas particulares, expertos penalistas e, incluso, parte de los fiscales hablan ya de un grado más en la escala penal de este golpe de estado: aluden ya a un posible delito de rebelión para calificar el comportamiento de Carles Puigdemont tras su declaración de independencia y posterior suspensión de los efectos de la misma.

«Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república». Esa es la frase exacta de Carles Puigdemont que los juristas analizan con lupa para ver si ha colocado al presidente de la Generalitat en disposición de ser imputado por un delito de rebelión, castigado con hasta 25 años de cárcel.

Según el artículo 472 del Código Penal, son reos del delito de rebelión los que se alzaren «violenta y públicamente» para conseguir varios fines, entre los que se encuentra «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» y «declarar la independencia de una parte del territorio nacional».

La duda jurídica no estaría, por lo tanto, en la segunda parte de este precepto. Sino en la primera: en si el comportamiento ha sido realizado «violentamente». Y es que la estrategia de coartada jurídica de Puigdemont parece clara: separarse de la CUP ante los focos para que uno -él- sea el que hace la declaración, y otro, la CUP, sea al que se pueda acusar de comportamiento violento. Una estrategia que desdoblaría el sujeto autor y por lo tanto haría más difícil su inclusión en el delito de rebelión.

Pese a ello, querellas como la presentada por Pérez Pardo incluye el delito de rebelión ante la necesidad de comprobar si realmente las acciones han sido coordinadas. La Guardia Civil, de hecho, ha presentado pruebas en la Audiencia Nacional de que el comportamiento permisivo de los Mossos con la celebración del referéndum ilegal obedecía a un plan urdido con el beneplácito de Puigdemont y Junqueras.

Es más, ayer mismo, las asociaciones fiscales mostraron ayer unanimidad a la hora de catalogar el alzamiento de Puigdemont como golpe de Estado. La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales aseguran en un comunicado conjunto que tras la «declaración unilateral de independencia efectuada» por Puigdemont «se ha consumado tristemente el golpe al Estado de derecho y al régimen de libertades». Las tres asociaciones de fiscales advierten de la fractura del «orden constitucional básico para una pacífica de convivencia».

Los fiscales entienden, por lo tanto, que sí ha existido declaración de independencia porque no se puede suspender lo que no ha sido previamente declarado. Una aseveración que puede llevar a que se eleven las acusaciones puesto que lo primero que se debería comprobar, como apunta la Guardia Civil, es si las acciones violentas y la declaración de independencia forman parte de un mismo esquema y de una misma planificación.