Sánchez no puede impedir legalmente que los restos de Franco acaben en La Almudena

El Gobierno de Pedro Sánchez no tendría base legal para impedir que los restos de Francisco Franco acaben reposando en la catedral de La Almudena, el deseo que siempre ha manifestado la familia.

Pese a que el Consejo de Ministros del pasado viernes acordó que el cadáver del dictador sea inhumado en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo, la ley que evitaría su enterramiento en la catedral madrileña se vio frustrada por la disolución anticipada de las Cortes.

Se trata de la reforma presentada por el PSOE a la Ley de Memoria Histórica, de 2007,  y cuya tramitación quedó interrumpida el pasado 5 de marzo -fecha de la convocatoria electoral- en la fase de ampliación de enmiendas al articulado. Antes de la disolución, el proyecto de ley ya llevaba seis meses encallado en la Comisión Constitucional por la sucesivas prórrogas requeridas por PP y Ciudadanos para completar sus trabajos.

Esa reforma resultaba clave para amparar el plan del Gobierno de evitar que la familia se salga finalmente con la suya y los restos de Franco vayan a parar a La Almudena o a cualquier sitio donde puedan ser «enaltecidos».

Las enmiendas presentadas por los socialistas recogían la amenaza expresa de multas e incluso el cierre temporal o definitivo de esos espacios, «cualquiera que sea su titularidad», en este caso, la Iglesia. Un aviso ciertamente temido por las autoridades eclesiásticas, y disuasorio a la hora de acoger al dictador. En resumen, con esa ley en la mano, el enterramiento de Franco en la cripta de La Almudena sería irrealizable, a no ser que la Iglesia cerrase ese espacio al público. Pero con la convocatoria electoral, esa reforma no se completó, y las enmiendas no llegaron a votarse, con lo que carecerían de validez.

Por otro lado, el decreto de modificación de la Ley de Memoria Histórica, que sí fue aprobado por el Pleno del Congreso el pasado septiembre -con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, Bildu, Coaliación Canaria y Nueva Canarias y la abstención de PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias- tampoco evitaría cumplir el deseo de la familia.

Ese decreto modificó el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero para recoger que «en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».

En una disposición adicional, el decreto ampara además el derecho expreso de que los familiares puedan disponer «sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación» y se especifica que únicamente «en caso de discrepancia» entre ellos o «si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma», el Consejo de Ministros podría decidir el lugar de la reinhumación. Nunca han existido diferencias en la familia Franco, y el destino siempre ha sido unánime y el mismo: La Almudena.

Ley de Seguridad Ciudadana 

Vetar el enterramiento en la catedral tendría también un difícil ajuste en la Ley de Seguridad Ciudadana, que no contempla específicamente una prohibición en ese sentido.

Los supuestos desórdenes públicos que se generarían con la inhumación de Franco en el centro de Madrid -como alegó un informe de la delegación del Gobierno, encargado por el Ejecutivo- tendrían que argumentarse en base a datos y hechos que, hoy por hoy, suponen una mera especulación, según expertos consultados por este periódico.

Finalmente cabe destacar la Ley de Libertad Religiosa, que ampara el derecho de toda persona a «recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales». Un artículo que también podría ser interpretado en aras de que la familia pueda cumplir finalmente su deseo de que los restos de Franco descansen en La Almudena.