Sánchez llega al 10-N con una denuncia por ocultar información en 10 casos graves como el pacto de Pedralbes

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llega al 10-N con una denuncia por ocultar información. La transparencia ha sido el talón de Aquiles de Moncloa. Sánchez ha evitado contestar a peticiones de información referente a casos tan graves como el conocido Pacto de Pedralbes.

Félix Bolaños es el alma del día a día de la Presidencia de Pedro Sánchez. Es el secretario general de este organismo capital y el encargado -al menos teórico- de permitir el acceso a la información política relevante que se reclama en base a la Ley de Transparencia y que la institución considera vital su difusión. Pedro Sánchez, como máximo responsable del Gobierno, y Bolaños como garante del acceso a la información se enfrentan a la denuncia que hoy publica OKDIARIO por hacer caso omiso a las diferentes peticiones de información realizadas por los ciudadanos y avaladas por el organismo oficial de Transparencia.

Todos los casos afectan a información sensible relacionada directamente con la gestión de Pedro Sánchez y que el alto cargo de Moncloa se niega a entregar, a pesar de que ha sido obligado a ello por Transparencia. El Consejo de Transparencia ha reiterado de forma insistente el incumplimiento de la normativa pero el Gobierno hace oídos sordos. Incluso en plena campaña electoral y tras haber tenido ya encontronazos con la Junta Electoral Central por el uso de medios públicos en la campaña del 10-N.

La opacidad en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez es un hecho incontestable, a pesar de que en campaña la palabra “transparencia” sea repetida hasta la saciedad por el candidato socialista. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, ha ignorado el 42,75 % de las resoluciones del Consejo de Transparencia (CTBG), el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley, que le obligan a facilitar a la ciudadanía información que previamente solicitan a través del Portal de Transparencia.

Sánchez desoye una y otra vez las resoluciones del Consejo, ya firmes y ejecutivas, lesionando un derecho de acceso a la información pública que los Tribunales califican como “fundamental” y que además de promover la transparencia de las instituciones públicas, fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones, tal y como recoge la sentencia 46/2017 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2.

Pero nada de todo ello ha alterado la decisión ocultista de Sánchez y su búnker: Moncloa se niega a hacer pública la información relacionada con asuntos tan polémicos como las negociaciones que el presidente ha mantenido en secreto con Torra, el llamado Pacto de Pedralbes; o la correspondencia intercambiada por ambos desde el año pasado hasta el presente; o los medios de transporte públicos -Falcon o Super Puma- de los que Pedro Sánchez se sirve en su condición de presidente del Gobierno para acudir a mítines de su partido; o los gastos de sus viajes en helicóptero, negándose a entregar la documentación contable y su posterior fiscalización por la Intervención General del Estado. Algo muy similar, sólo por citar algún ejemplo más, a lo ocurrido con el viaje a los Estados Unidos efectuado el año pasado, y al que Sánchez fue acompañado de su mujer, que se unió a la delegación oficial pero tuvo agenda propia, lo que generó una serie de gastos en cuestiones tales como seguridad, alojamiento y desplazamientos por el país americano que se trató de silenciar, amparándose en que se trataba de información clasificada, es decir, secreto de Estado. Ese ocultismo, una vez más, fue descalificado por el Consejo de Transparencia y sin embargo, aún hoy, Moncloa oculta los datos con celo.

Denuncia por falta de transparencia

Tras esta cadena de irregularidades, se ha cursado ya una denuncia contra el considerado como “cerebro de Moncloa”, Félix Bolaños, Secretario General de Presidencia, por negarse a contestar a una decena de peticiones. Según ha podido saber OKDIARIO, en la misma denuncia se solicita que se dé traslado de las actuaciones a la Fiscalía, por si las mismas fueran constitutivas de una infracción penal por la comisión de un delito de prevaricación administrativa. Estos mismos hechos han sido puestos en conocimiento del Defensor del Pueblo, que desde el pasado verano mantiene abierta una investigación por la reiterada falta de transparencia del gabinete de Sánchez.

Según la denuncia “son numerosos los requerimientos constantes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que aleguen en los procedimientos, así como los requerimientos constantes para que cumplan la legislación vigente, y tales requerimientos no son atendidos por la secretaría de Presidencia”.

De hecho, añade la denuncia que la actuación de Bolaños, “omitiendo contestar a las solicitudes e impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental supone la comisión de una infracción disciplinaria grave, dada su reiteración, tipificada en el artículo 20 de la LTAIBG”.

Hay que tener en cuenta que Bolaños no es un alto cargo cualquiera en el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que es uno de los principales ‘hombres del presidente’. Miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid hasta 2017 y artífice de los nuevos estatutos socialistas, es una de las personas de confianza plena de Sánchez. Tanto es así que ha sido el encargado de pilotar la coordinación del proceso de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos; ha decidido todas las cuestiones fundamentales del mismo y actuado como interlocutor con la familia y con su abogado durante el tiempo que ha durado la batalla judicial hasta la posterior sentencia del Tribunal Supremo; y también fue él quien acompañó a la ministra Dolores Delgado al Valle para controlar de primera mano cómo se estaba llevando a cabo el proceso.