La pasividad del Gobierno con la sentencia del Supremo tiene como objetivo llegar al cierre del censo el 19-O y que los nietos puedan votar
El censo se publicó a través de las embajadas antes incluso de conocerse la decisión del Supremo
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado instrucción alguna sobre cómo ejecutar la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto a los nacionalizados españoles a través de la Ley de Nietos. En las embajadas españolas se publicó de forma simultánea una comunicación para los residentes en el exterior que establece el plazo de consultas y posteriores alegaciones sobre el censo desde el pasado 12 de octubre hasta el próximo lunes 19 de octubre.
De este modo, el proceso electoral avanza sin que haya una guía o un método indicado a los funcionarios para poder ejecutar la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos, puesto que ni se ha aplicado en el censo ya publicado, ni hay instrucciones para que se apliquen medidas que faciliten el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo. El efecto más inmediato que tiene esta pasividad por parte del Ejecutivo es la permisividad para que vote todo aquel que esté en el censo, sin distinción.
Los ciudadanos españoles residentes en el exterior tienen en las páginas web de sus respectivas embajadas el procedimiento que deben seguir para poder votar en las elecciones del 29-N. De hecho, cada una establece unos días para revisar el censo presencialmente y facilita un enlace para consultar a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) el censo que se cerró el pasado 1 de agosto.
Los plazos para recurrir en cada una de las dependencias consulares elegidas o, en su caso, vía telemática, expiran el próximo lunes, 19 de agosto. Para entonces, ninguno de los funcionarios del cuerpo diplomático consultados por OKDIARIO confía en que haya llegado instrucción alguna por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares, ni del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del que es titular Félix Bolaños.
«El Gobierno no ha dado instrucciones ni parece que las vaya a dar», asegura uno de los funcionarios consulares consultados por este periódico. Y añaden que «si no hay una instrucción clara sobre cómo expurgar expedientes de nacionalizaciones, estamos trabajando sobre el censo del 1 de agosto, tal como se ha publicado, sin identificar ni distinguir entre procedimientos de nacionalización».
A estas alturas, el Gobierno de Sánchez, que ha tardado 72 horas en publicar en el BOE la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados con la instrucción dictada en su día por Sofía Puente, no ha hecho otra cosa que dar el pistoletazo de salida al proceso electoral con total normalidad, como si no existiese la suspensión establecida por el alto tribunal.
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