El Parlamento andaluz pide mandar a los menores inmigrantes a otras CCAA o a sus países de origen

El Pleno del Parlamento andaluz quiere mandar a los inmigrantes menores no acompañados a otras Comunidades Autónomas o a sus países de origen. Sólo el PP ha votado en contra de esta proposición no de Ley presentada por el PSOE-A, que ha sido apoyada por Podemos, Ciudadanos (Cs) e IULV-CA.

El texto insta a la Junta a demandar al Gobierno central que apruebe, en el plazo más breve posible, un Programa especial para el traslado y atención a los llamados menores extranjeros no acompañados (MENA) desde Andalucía hacia el resto de CCAA, en base a la responsabilidad compartida entre territorios.

Otra demanda consiste en que, en los casos que proceda de acuerdo a las normas de protección de menores, se favorezca el retorno asistido de los menores al seno de sus familias.

La Cámara ha instado también a la Junta a pedir al Ejecutivo nacional que ponga en marcha un Pacto de Estado en materia de inmigración, con la participación de las comunidades, ayuntamientos, ONG y las fuerzas políticas, «que deje al margen la confrontación partidaria para dar respuestas y aportar soluciones al drama migratorio con responsabilidad, coordinación y cooperación, y que incorpore la adecuada atención de los menores extranjeros no acompañados».

Se ha reclamado que el Ejecutivo nacional adopte las medidas legislativas que sean necesarias a fin de garantizar el interés superior de los menores, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados.

En cambio, la Cámara ha rechazado, con los votos de PSOE, Podemos e IU, una proposición no de Ley del PP-A, que sólo ha sido apoyada por Cs, en la que se instaba la Junta a una convocatoria inmediata de partidos políticos, agentes sociales, instituciones, administraciones públicas y asociaciones que trabajan en el ámbito de la migración con el objetivo de suscribir un pacto por la inmigración en Andalucía.

El proyecto contemplaría medidas como un plan de choque económico acordado con los ayuntamientos que se ven sometidos al constante flujo migratorio y un presupuesto adecuado de gasto para financiar los servicios de atención a inmigrantes, y en especial los de menores extranjeros no acompañados.

En esa iniciativa también se reclamaba a la Junta que demandara al Gobierno de la nación que aborde la inmigración como una cuestión de Estado, abandonando los «vaivenes y constantes cambios de criterio».