El Parlament amenaza con emprender acciones legales contra el 155

La Mesa del Parlament estudia qué acciones legales puede emprender contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de la Generalitat y de la propia cámara. Según los independentistas se trata del «ataque más grave a la institución desde el restablecimiento de la democracia» y defienden que estas acciones legales serían un mecanismo de defensa porque tienen que defenderse del «ataque».

Lo han explicado este martes fuentes presidenciales después de que JxSí registrara el lunes una petición para que el Parlament actúe «administrativa, civil, constitucional y penalmente» contra el 155, ahora los servicios jurídicos de la cámara estudian todas las posibilidades.

En base a las indicaciones de los servicios jurídicos se tomará una decisión sobre las acciones legales a emprender, y las citadas fuentes indican que «claro que se va a actuar».

Petición de JxSí

«Vamos a proteger la institución; solo faltaría», y han precisado que esta petición de JxSí se abordó en la Junta de Portavoces el mismo lunes en cuanto se registró.

JxSí pone el foco en los puntos D1, D2, D3 y D4 del acuerdo del Consejo de Ministros del sábado que acordó iniciar el proceso del 155 que debe confirmar el Senado este viernes.

Estos cuatro puntos implican perder varios poderes de la Cámara y prohíbe, por ejemplo, que la presidenta del Parlament pueda proponer un candidato a presidir la Generalitat, y que el pleno pueda celebrar un debate y una votación de investidura, entre otras cuestiones.

JxSí ve fundamentos jurídicos para llevar la actuación del Gobierno central con el 155 a los tribunales, ya que considera que el procedimiento utilizado no es «garantista» y puede impugnarse.

Considera «de primero de Derecho» que no se pueden suspender las funciones que el Estatut da a las instituciones catalanas con un procedimiento menos garantista que con el que se aprobó: el Estatut fue validado por el Congreso y por un referéndum, mientras que el 155 se aplicaría solo con la luz verde del Senado.