Pablo Casado propone hacer del Español una lengua «vehicular» en las escuelas y la administración

En declaraciones antes de visitar el Mobile World Congress (MWC) a las puertas del salón, Pablo Casado ha concretado que la norma que plantea el PP también incluye que el castellano se pueda usar en todas las comunicaciones públicas en el entorno administrativo.

«Que esas comunicaciones administrativas sean obligatoriamente en castellano y en otra lengua cooficial en las comunidades donde las tengan. Pero tiene que ser en castellano. Por lo tanto, ningún español va a ser sancionado si no se le comunica en la lengua común de todos los españoles», ha dicho.

Sobre el empleo público, ha argumentado que obligar a conocer una lengua cooficial para poder optar a una plaza de la administración «lastra la movilidad de los empleados públicos y la igualdad de movilización entre españoles».

«No es justo que una persona de Granada no pueda concurrir a una plaza pública en Tarragona y una persona de Tarragona sí lo pueda hacer en Granada. Todas las plazas de empleo público se tienen que hacer en castellano, y otra lengua oficial podrá ser un mérito pero nunca un requisito oficial excluyente», ha defendido.

Según la propuesta de ley que llevará en su programa, el castellano será lengua vehicular en la enseñanza «sin prejuicio de que en las comunidades autónomas también lo pueda ser la lengua de esa comunidad, tal y como ha consagrado el Tribunal Constitucional, pero no en detrimento de la que tiene que ser la lengua vehicular en toda España».

Defiende que son «cuatro puntos de lógica en cualquier país con doble lengua» y que faltaba regular el castellano para consagrar la igualdad de oportunidades de los españoles y la competitividad.

También ha destacado que las lenguas cooficiales de España son una riqueza y las admira, pero que el nacionalismo «las ha aprovechado, no por amor, sino como barrera identitaria, para llevar a cabo su proyecto nacionalista».

Considera que las lenguas cooficiales se han ido regulando estatutaria y legalmente en democracia, y que «el Estado del Reino de España ha apostado por ellas», como asegura que demuestran las clases del Instituto Cervantes, el BOE traducido y las desconexiones de la televisión pública.

«Sin embargo, no ha habido una regulación del castellano, y lo que proponemos es que haya una regulación de la lengua común de los españoles en base al artículo 3 de la Constitución, que dice que tenemos tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla», ha añadido.