España

Casado ampliará la prisión permanente revisable a violadores reincidentes cuando gobierne

Otro varapalo judicial al PSOE: el Constitucional valida la prisión permanente revisable de Rajoy

El programa de Gobierno de Pablo Casado incluirá una ampliación de los delitos en los que sería aplicable la prisión permanente revisable. La propuesta se plasma en una proposición de ley que el partido ya llevó al Congreso de los Diputados en 2019. En ella se plantean nuevos supuestos que conllevarán la pena máxima: asesinato con ocultación del cadáver, asesinato tras secuestro, violadores reincidentes, abusadores (con acceso carnal) reincidentes, quienes abusen con acceso carnal de menores de 16 años, responsables de delitos contra la vida o la libertad sexual que sumen penas de más de 100 años y asesinato por violencia de género o intrafamiliar.

Actualmente, su aplicación está prevista sólo para los casos concretos detallados en el artículo 140 del Código Penal: cuando la víctima del asesinato sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo u organización criminal; cuando se trate de un asesinato múltiple; cuando se mate al Rey, la Reina o el heredero al trono; cuando se asesine a un jefe de Estado extranjero; y cuando se trate de genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Esta pena ya se ha aplicado en casos de gran relevancia social y mediática como el del descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, que mató a sus tíos y a sus primos para posteriormente descuartizar los cadáveres; o el del asesino de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’. Ambas condenas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

La prisión permanente revisable supone el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de cárcel -según el delito-, tras los cuales la pena será revisada. Una vez se haya cumplido ese tiempo, el tribunal debe revisar de oficio, cada dos años, si la prisión debe ser mantenida o el preso puede salir en libertad.