España

Los socios de Sánchez acusan al Supremo de «persecución política» cuando las causas no les favorecen

  • Juanan Jiménez
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El PNV acaba de denunciar que existe una «persecución política» por parte del Tribunal Supremo, que investiga por corrupción al representante del partido en Navarra Manu Ayerdi. Otro socio de Pedro Sánchez que arremete contra el alto tribunal cada vez que las causas judiciales no les favorecen.

El Supremo ha abierto una causa penal contra el peneuvista Ayerdi por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos. El caso se circunscribe a la etapa del miembro del PNV como consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, cuando concedió préstamos a la empresa Davalor entre 2015 y 2017. Según la investigación, esos préstamos habrían hecho perder al erario público 2,6 millones de euros.

Ahora, la formación que ha apoyado los Presupuestos del Gobierno socialcomunista, ha cargado contra el Tribunal Supremo al que acusado de «persecución política. Son cuestiones que, luego, quedan en nada, y podemos encontrarnos en la misma situación con este auto que es muy preliminar, muy provisional, en el que todavía no se admite la querella, sino que se nombra a un instructor, pero es el ‘calumnia, que algo queda’ y hacer un daño político», ha señalado el Unai Hualde, líder del PNV en Navarra.

No sólo se ha despachado contra el Supremo, Hualde también ha cargado contra UPN, que reclama la dimisión del consejero. Habrá que esperar a las fases posteriores por parte del TS, si es que las hay, si es que se admite la querella y si se inicia una investigación, aunque, lógicamente, vistos los antecedentes inmediatos del Tribunal Supremo en varias causas, inquieta», ha indicado.

Bildu

Está claro que todos los socios de Pedro Sánchez –hay que preguntar al presidente del Gobierno si opina lo mismo– cuando son encausados se debe única y exclusivamente a motivaciones políticas del Supremo o del tribunal correspondiente.

Así se ha tomado también la decisión del alto tribunal de ordenar repetir el juicio contra el dirigente proetarra por el caso Beteragune. En un principio, Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional por intentar reconstruir el aparato político de ETA. Los bilduetarras recurrieron al Tribunal de Derechos Humanos de la UE que anuló la sentencia, aduciendo que no se había garantizado el principio de imparcialidad del tribunal. Y aseguraban que, en todo caso, se debería haber repetido el juicio.

Pues bien, ahora que el Supremo sigue la senda marcada por Estrasburgo y por la propio Fiscalía General del Estado, los batasunos acusan al Poder Judicial de «despropósito». Así se ha expresado el diputado de EH Bildu Oskar Matute. Tras conocerse la decisión del Supremo, aprovechando el altavoz que el Gobierno le ofrece en TVE, Matute dijo que «el ordenamiento jurídico español no permite juzgar dos veces a una persona por la misma causa». «Se obvia que las cinco personas fueron condenadas», dijo, para después insistir en que la decisión del Supremo lo que hace es «certificar» que «los tribunales de España vienen jugando a la politización de la Justicia». «Le hace mal a la sociedad española porque no es independiente», volvió a critica.

Podemos

El axioma se cumple también con los compañeros de asiento de Sánchez en el Consejo de Ministros. Podemos tiene varias causas judiciales pendientes, una de las más importantes es contra el número 3 de la formación, Alberto Rodríguez, actual diputado y secretario de Organización de la formación morada. Todos los altavoces del partido al unísono han pedido la renovación del Consejo General del Poder Judicial y consideran que los tribunales están actualmente politizados, como excusa contra los frentes judiciales que tienen pendientes.

Otra de las causas pendientes es el caso Dina, por el que Iglesias podría ser acusado de tres delitos. La Audiencia Nacional envió un escrito motivado al Tribunal Supremo pidiendo la imputación del líder de la formación morada. Iglesias arremetió contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de «actuar de forma arbitraria e injustificada» al pedir su imputación por el caso relacionado con las cloacas de Villarejo.

ERC

Desde el golpe de Estado del 1 de octubre de 2018, el independentismo catalán ha cargado contra el Tribunal Supremo, que juzgó a los autores del golpe Oriol Junqueras, Romeva, los ‘Jordis’ y demás altos cargos de la Generalitat, condenándolos a prisión. Desde la formación independentista se dijo de todo sobre el tribunal, sobre sus miembros y sobre la sentencia. Pero lo más llamativo fue la acusación de que el Supremo «está capturado por la derecha».