Otra denuncia archivada contra Ayuso por una muerte en una residencia en el Covid: ya son al menos 63

Otra denuncia archivada contra Ayuso por una muerte en una residencia durante el Covid, y ya son al menos 63. La última es de un Juzgado de Collado Villalba (en Madrid) ha  cerrado la investigación sobre el fallecimiento de un anciano en una residencia durante la crisis del COVID-19.

En su resolución, la juez argumenta que este «trágico desenlace» no se debió a una actuación negligente del personal sanitario ni a los protocolos que bloquearon su traslado a un hospital.

Según el auto de la juez por el que archiva otra demanda contra Ayuso por una muerte durante el Covid en una residencia, tampoco hay fundamentos para mantener abierta la causa penal contra los tres cargos aforados señalados en la querella: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y los ex consejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, informa eldiario.es. La acusación planea recurrir este archivo.

Con este archivo, ya son al menos 63 las causas desestimadas contra Ayuso por la gestión de las residencias durante el Covid, según la Comunidad de Madrid. Aunque el sobreseimiento es provisional -dejando la puerta abierta a reabrir el caso con nuevas pruebas-, el fallo refuerza la línea de los tribunales: sin pruebas claras que conecten decisiones políticas concretas con las muertes, no hay responsabilidad penal. Este desenlace, uno de los más recientes y detallados, refleja las dificultades para atribuir culpas individuales en una tragedia marcada por la saturación hospitalaria y la escasez global de recursos.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid puso fin, el pasado 12 de febrero de 2025, a una investigación sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso en las residencias de ancianos durante la pandemia. En un auto de sobreseimiento provisional, el juez cerró las diligencias previas 2247/2021, iniciadas tras una denuncia de Marea de Residencias por la muerte de seis personas en la Residencia de Mayores Adolfo Suárez. La acusación señalaba a Ayuso, junto a los ex consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de socorro.

Tras dos años de pesquisas, el magistrado determinó que no había base para imputar a la presidenta madrileña ni a los otros señalados. Apoyándose en el informe del médico forense, el juez afirmó que no se detectaron negligencias en los fallecimientos investigados y que el personal de la residencia actuó con los medios disponibles en un contexto de caos sanitario.

Los controvertidos protocolos que limitaban las derivaciones a hospitales fueron descritos como «confusos y cambiantes», diseñados para gestionar una crisis con recursos al límite, aunque el auto admite que sus efectos no fueron bien evaluados por las autoridades políticas. Sin embargo, el juez subrayó que no se trataba de juzgar si las decisiones fueron óptimas, sino de comprobar si se cumplieron los estándares mínimos de diligencia, algo que, a su juicio, sí ocurrió.