Nuevo bloqueo en el CGPJ: empate a 10 en el nombramiento de la sala que juzgará a Ábalos y García Ortiz

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enfrenta a dos nuevos bloqueos en puestos cruciales. Uno de ellos es la elección del sucesor de Manuel Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá decidir sobre casos tan relevantes como los del ex ministro José Luis Ábalos o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La situación también se replica en la Sala Tercera, encargada de estudiar las impugnaciones a las decisiones administrativas del Gobierno, como los nombramientos decididos por Pedro Sánchez. Fuentes consultadas exponen que el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces podría alargarse meses y, mientras tanto, los actuales presidentes de sala en funciones seguirían en sus puestos.

En la Sala de lo Penal, los vocales de izquierdas apoyan en bloque la candidatura de Ana Ferrer, próxima a Jueces y Juezas para la Democracia, mientras que el resto de vocales y el resto de magistrados de la Sala respaldan a Andrés Martínez Arrieta, de la Asociación Francisco de Vitoria. El empate técnico de 10 a 10 votos podría resolverse por la vía de los hechos a favor de Martínez Arrieta, quien, como magistrado más antiguo, ha asumido provisionalmente el cargo, aunque solo podría ejercerlo durante dos años al jubilarse en 2027. La gran pregunta es por quién se va a inclinar la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló. En todo caso, su voto no es determinante, ya que se exige una mayoría cualificada para esos nombramientos. Uno de los dos bloques debería ceder y las negociaciones no serán fáciles.

La relevancia del reemplazo de Marchena radica en que quien presida la Sala Segunda del Supremo integrará siempre el tribunal que juzga a personas aforadas. Por tanto, el elegido será uno de los siete magistrados que potencialmente juzgarían tanto a García Ortiz como a Ábalos si sus casos llegan a juicio. También juzgarían, llegado el caso, a otros ministros o al presidente del Gobierno.

Los nombramientos se presentan como uno de los principales retos del nuevo CGPJ. Es un pulso entre el sector de izquierdas, que quiere, en línea con la postura de Sánchez, colonizar el Supremo, y el bloque de vocales contrarios a los partidos que actualmente gobiernan el país. La situación se complica ante la próxima jubilación de cinco magistrados en los próximos años: Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Julián Sánchez Melgar y Luis Hurtado. En este contexto ha pesado mucho el duro voto particular de Ana Ferrer contra la decisión de Marchena y la Sala sobre que la aplicación de la Ley de Amnistía permite no amnistiar determinados delitos de los dirigentes catalanes, lo que ha dejado a Carles Puigdemont viviendo aún en el extranjero.

Por otro lado, en la Sala de lo Contencioso la pugna está entre dos viejos conocidos: Pablo Lucas –el actual presidente– y Pilar Teso. Se trata de los dos jueces que rivalizaron cuerpo a cuerpo por la presidencia del CGPJ y del Supremo. Finalmente, tras el bloqueo se abrió la lista de candidatos y se encontró la vía de Perelló, que aunque procede del sector de Jueces y Juezas para la Democracia tiene el favor de vocales del bloque contrario, como José Antonio Montero, compañero de Sala en el Supremo y actual vocal. En la Sala Tercera también cabe la posibilidad de que la presidencia de Lucas se alague por la vía de los hechos ante el bloqueo. Una de las bazas tanto de Teso como de Ferrer es que sus oponentes no terminarían su hipotético mandato por jubilación. Por tanto, han enfatizado en sus comparecencias la importancia de dar estabilidad a la sala y buscar una nueva presidencia a largo plazo.

Hasta 2025

Las fuentes pulsadas por OKDIARIO aseguran que en diciembre no habrá pacto y dudan de que se consiga en los primeros meses del año. De hecho, creen que no habrá nombramientos este mes. Posteriormente, en enero sí habrá las renovaciones de las presidencias de las Sala Primera y Cuarta, donde sólo hay un candidato. También esto podría ocurrir en las cúpulas de las Audiencias provinciales y en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

En este contexto, otro punto clave es la paridad. El bloque izquierdista del CGPJ agita un supuesto informe que impone las cuotas para beneficiar artificialmente a las mujeres, aunque tengan un peor currículum. Sin embargo, el pleno del CGPJ va a asumir el informe técnico de los letrados que pone, por encima de colocar a mujeres por el hecho de serlo y sin ser las que tengan mejor trayectoria, precisamente los criterios de mérito y capacidad.