El novio de Ayuso acusa al fiscal general de «mentir» para «denigrar» al Supremo y a la UCO
Su abogado le acusa de generar "puro ruido destinado a construir un nuevo relato a partir de una falsedad"
El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha presentado una contundente respuesta legal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su abogado acusa al fiscal de mentir deliberadamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de desprestigiar al Tribunal Supremo y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La disputa surge tras las anteriores denuncias de García Ortiz sobre una supuesta divulgación indebida de datos personales a través de una notificación del Tribunal Supremo de un informe de la UCO. Sin embargo, la representación legal de González Amador rechaza categóricamente estas acusaciones, calificándolas de «puro ruido destinado a construir un nuevo relato a partir de una falsedad».
En su escrito, el abogado niega tajantemente que se haya producido una transmisión de datos de diez meses de llamadas o de actividad diaria y profesional. Más bien, sostiene que las actuaciones del fiscal ante el CGPJ buscan única y exclusivamente denigrar con falsedades al órgano instructor y a la fuerza actuante en las investigaciones.
González Amador ha solicitado al magistrado Ángel Hurtado que requiera a García Ortiz la entrega de varios elementos probatorios. Entre ellos, una copia del escrito enviado al CGPJ, el teléfono móvil que utilizó hasta el 23 de octubre, y las copias de seguridad de su cuenta personal de Gmail y de WhatsApp asociada a su número de teléfono personal. Como ha informado OKDIARIO, el fiscal general no ha entregado al Supremo uno de los dos móviles que usó ese día y que contendría los whatsapps incriminatorios.
El escrito representa un contraataque directo a las acusaciones del fiscal general, dejando claro que González Amador no está dispuesto a permitir lo que considera una campaña de desprestigio. La disputa judicial continúa así su curso, añadiendo un nuevo capítulo a la compleja investigación que involucra al compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Relato alternativo
Uno de los aspectos más destacados del escrito es la acusación de una presunta campaña de denigración extraprocesal. González Amador sugiere que el fiscal general está intentando desacreditar no sólo a las partes involucradas, sino también al órgano instructor y a la fuerza policial que está llevando a cabo las investigaciones. Esta estrategia, según su defensa, busca generar un relato alternativo que desvíe la atención de los hechos reales.
El abogado de González Amador señala con preocupación que, según los registros de la sección informática de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz no habría entregado su antiguo terminal. Más aún, advierte sobre un patrón potencial de «destrucción de dispositivos y eliminación de datos» que podría extenderse a otros miembros de la Fiscalía General del Estado.
Otro aspecto crucial de la argumentación es la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. González Amador sostiene que el acceso al contenido del sumario es fundamental para ejercer el derecho de defensa, especialmente para la víctima de los hechos que se están investigando. Rechaza cualquier intento de limitar el acceso a las diligencias de instrucción, como las declaraciones, calificando cualquier restricción como un obstáculo para la justicia.
La cronología de los acontecimientos resulta significativa. El Supremo abrió la causa contra García Ortiz el 16 de octubre de 2024, momento a partir del cual se intensificaron las investigaciones y las controversias sobre la gestión y preservación de las pruebas. El borrado y el cambio de teléfono móvil tras ser encausado ha generado especial suspicacia entre los investigadores y la defensa de González Amador.
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