Nervios en el PSOE: se plantea volver a cambiar la amnistía para sortear el cerco de García-Castellón

La polémica enmienda sobre el terrorismo en la Ley de Amnistía no ha apaciguado la tensión del PSOE y sus socios separatistas. El auto del juez Manuel García-Castellón, apuntando a una violación de los derechos humanos en los graves disturbios que tuvieron lugar en Barcelona en octubre de 2019, ha generado preocupación en Junts y ERC, que apuran el plazo para que el texto final incluya nuevas modificaciones. Su pretensión de máximos es el borrado total de la palabra «terrorismo», un término, apuntan, que «nunca debió figurar» en la ley. Los socialistas ya no descartan abiertamente introducir cambios. Moncloa ha encargado informes jurídicos para ver hasta dónde puede llegar, y hasta dónde puede aceptar Europa.

Durante las negociaciones, el PSOE insistió en que los delitos terroristas quedasen excluidos de la amnistía con vistas a asegurarse un blindaje ante la Justicia europea y una mejor digestión por la opinión pública. Los partidos separatistas aceptaron primero el matiz de que sólo se excluyese a los condenados «con sentencia firme», como figuraba en la primera versión de la ley que llegó al Congreso, pero surgió el temor de que esa precisión no fuese suficiente para blindar a los investigados de los CDR y Tsunami, entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC, Marta Rovira.

Tras la negociación de las enmiendas, se reconocieron como amnistiables los delitos de terrorismo con la única excepción de que «de forma manifiesta y con intención directa» hubiesen «causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos».

Blindar la amnistía

El problema para el Ejecutivo radica en que, según García-Castellón, las graves lesiones que sufrieron dos policías en los disturbios de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona son «incompatibles» con dicho convenio y, en concreto, con ese mismo artículo 2. Entre los responsables de esos disturbios, el juez apunta directamente a Tsunami.

El magistrado abre así un resquicio en la Ley de Amnistía que puede complicar su aplicación en caso de que se confirme la calificación «terrorista» de los altercados.

Tanto Junts como ERC han dejado «vivas» sus enmiendas -en el argot parlamentario, sujetas a nueva votación en el Pleno- con la intención de seguir negociándolas hasta el próximo martes, cuando tendrá lugar la votación en el Congreso. Las principales modificaciones afectan al terrorismo, y exigen al PSOE que la palabra ni se mencione. Es decir, que absolutamente todos los delitos terroristas, del tipo que sea, con o sin sentencia firme, queden amparados por la amnistía.

Aunque en los últimos días fuentes separatistas se daban por satisfechas con el acuerdo alcanzado con el PSOE, el auto de García-Castellón ha torcido los planes. Ahora se busca un mayor blindaje, cerrar cualquier vía que impida que los encausados e investigados por terrorismo acaben quedando fuera de la ley. Y lo que se preveía un camino apacible hacia una votación sin contratiempos se ha convertido para los separatistas en un volver a empezar. «Hay tiempo», «llegaremos hasta el final», «hasta el último minuto», confirman.

En el PSOE y en el Gobierno ya no se atreven a descartar abiertamente que no habrá cambios en la amnistía. «En el pleno se votan las enmiendas que están vivas y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y, por tanto, se incorpora», se ha limitado a decir este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En el Ejecutivo señalan que «hay margen» y reconocen que siempre hay posibilidad de alguna modificación mientras una propuesta de ley se debate. Cabe recordar que, en diciembre, el PSOE también se había negado a hacer cambios sustanciales en la ley, sólo retoques técnicos, y luego acabó modificando por completo el artículo sobre terrorismo.

Desde las formaciones separatistas ya ironizaban con que «con García-Castellón» cualquier blindaje es poco. Y esos temores se han confirmado en sólo unos días. El último redactado deja más abierta la ley a la interpretación de los jueces, porque son ellos quienes, en definitiva, deberán determinar si los hechos susceptibles de ser amnistiados encajan o no en el citado artículo 2.

Aunque en el Gobierno insisten en que respetan las decisiones judiciales, el sentir real de Moncloa lo expresó hace unos días la vicepresidenta Teresa Ribera, cuando criticó la «querencia» de García-Castellón por pronunciarse siempre «en una misma dirección» y «en momentos políticos sensibles». Unas declaraciones que confirman el malestar en el Ejecutivo con el juez por las posibles consecuencias de sus decisiones para la supervivencia de Sánchez en La Moncloa.