Multa de más de 300.000€ a los ‘PSOEpodemitas’ de Valencia por hacer de policía política en un sondeo

El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Joan Ribó -Compromís-, ha sido multado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por violar la intimidad de los ciudadanos y deberá abonar entre 300.000 y 600.000 euros.

El organismo ampara la sanción en un cuestionario de 50 puntos de Invest Group-Investigación de Mercados, empresa contratada por la Concejalía de Cultura Festiva -con Pere Fuset al frente-, que pregunta a 1.100 representantes del mundo fallero por aspectos tan delicados como a qué partido votan.

Además, el sondeo no permite el anonimato, ya que exige nombre, apellidos y hasta número de teléfono. Los encuestadores, identificados con una tarjeta con el emblema del consistorio, «justificaban la petición de estos datos con el fin de que la empresa pudiera verificar que se había efectuado el trabajo», dice la notificación enviada a Ribó y su equipo por la AEPD.

En el momento de su realización -junio de este año-, la encuesta generó gran sorpresa y malestar entre los participantes al ver que podían quedar señalados en adelante en función de sus respuestas, en su mayoría innecesarias e injustificadas. Lo que se les ‘vendía’ como un inocente test sobre las fiestas grandes de la ciudad -en principio para conocer la satisfacción de sus responsables y proyectar mejoras en años posteriores- era en realidad una radiografía política, un ‘CIS’ municipal encubierto.

«¿Con qué partido se siente más identificado?»

En concreto, estas son sólo algunas de las preguntas:

-¿Cree que Ribó está haciendo una buena gestión del gobierno municipal?

-Tendencia política del 1 al 10; si es más de izquierdas o de derechas.

-¿Con qué partido político se siente más identificado?

-¿Se siente más español o valenciano?

-Diga los tres concejales que están haciendo una mejor gestión en el Ayuntamiento.

-¿Qué lengua prefiere para temas falleros: castellano, valenciano o ambos?

Por supuesto, también las había sobre las Fallas, como si reciben «suficiente ayuda económica» o si «deben ser declaradas Patrimonio de la Humanidad», más pertinentes y ya fuera del foco de la AEPD, que ha nombrado a un «instructor del proceso sancionador» que se encargará de determinar la cuantía que se debe abonar del bolsillo de los valencianos por la infracción si no se decide responsabilizar a Fuset en calidad individual.

El edil es precisamente presidente de la Junta Central Fallera, encargada entre otras tareas de la concesión de premios, galardones que han perdido absolutamente la percepción de imparcialidad.