Morodo, embajador de Zapatero en Venezuela, a juicio: el fiscal pide 3 años por delitos fiscales

El juez de la Audiencia Nacional a cargo del conocido como caso Morodo ha acordado enviar a juicio al ex embajador de Venezuela Raúl Morodo. Tras indagar sobre los más de 4,5 millones de euros del ex embajador de España en Caracas, la Fiscalía solicita para él una pena de 3 años y 6 meses de cárcel y una multa de 378.700 euros por delitos contra la Hacienda Pública.

En el auto de apertura de juicio oral del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascal, se indica que también procede sentar en el banquillo de los acusados al hijo del ex embajador Alejo Morodo y a la esposa de éste, Ana Catalina Varandas, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.

La investigación tiene su origen en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública contra Raúl Morodo, su hijo y otras personas físicas y jurídicas vinculadas.

En la querella se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.

Así, las pesquisas se centraron en esos 4,5 millones de euros que recibieron de PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial». Pero el caso, en enero de 2023 y a petición de la Fiscalía, fue desdoblado para poder enviar a juicio el presunto fraude a Hacienda de 2013, 2014 y 2017, y diferenciarlo de la parte conocida como ‘caso Venezolanos’.

Fondos en Suiza

El clan Morodo no sólo defraudó a la Hacienda Pública facturando los supuestos servicios prestados a la petrolera venezolana a través del impuesto de sociedades en lugar del IRPF, como le correspondía, sino que ocultó fondos en paraísos fiscales.

Alejo Morodo, hijo del ex embajador, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de PDVSA asegurando que eran fruto de una «herencia familiar» de sus abuelos terratenientes. Así consta en el formulario que Alejo Morodo firmó en Ginebra el 17 de abril de 2008 para abrir la cuenta del Credit Suisse 0251-1435769-6, que gestionaba a través de la sociedad offshore panameña Furnival Barristers Corp. En el transcurso de la investigación, los agentes identificaron nueve transferencias recibidas por Aequitas en su cuenta en el Banco de Sabadell, ocho de ellas provenientes de PDVSA y una procedente de Furnival Barristers Corp, S.A. Estas transferencias de PDVSA se explicaban que se habían materializado a través de dos cuentas de la compañía venezolana en el Banco Espíritu Santo (Portugal).

Así, la Fiscalía entiende que ha quedado acreditado «por las numerosas diligencias testificales, periciales y documentales practicadas hasta la fecha» la comisión de un delito agravado contra la Hacienda Pública cometido desde el 2013 en adelante por Raúl y Alejo Morodo y la mujer de este último, Ana Catarina Varandas, así como las personas jurídicas investigadas. Sin embargo, los delitos cometidos en los años anteriores al 2013 no podrán ser juzgados porque han prescrito, explica el juez.