Mónica García firma un documento oficial defendiendo el uso de 233 millones de mascarillas caducadas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha firmado un documento oficial defendiendo el uso de 233 millones de mascarillas caducadas tras la pandemia de Covid-19. En un párrafo revelador, argumenta que «la caducidad de un producto sanitario no implica necesariamente su inutilización». La argumentación se basa en que las fechas de caducidad son establecidas por los fabricantes según estudios de estabilidad, pero no significan necesariamente una pérdida total de eficacia.

El documento, presentado como alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, ofrece una defensa de la polémica gestión de los recursos sanitarios en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de España.
El informe inicial del Tribunal de Cuentas había señalado la existencia de 237,7 millones de unidades de material sanitario caducado, de las cuales más de 233 millones corresponderían a mascarillas. Sin embargo, la ministra solicitó la supresión de ese párrafo del informe final y así lo realizó el organismo judicial liderado por Enriqueta Chicano.

Por el contrario, Mónica García en 2022 criticaba furibundamente la gestión de Isabel Díaz Ayuso y destacaba la importancia de usar material sanitario válido. «El Gobierno de la Comunidad estaba más pendiente de la calidad de las comisiones que de la calidad de las mascarillas”, dijo la entonces líder de Más Madrid. Ahora asegura que se pueden usar las 233 millones de mascarillas caducadas de los más de 800 millones que se compraron tras la crisis inicial.

Descontrol total de datos

Uno de los aspectos más controvertidos del informe es el uso extensivo de herramientas ofimáticas comerciales como Excel para el seguimiento de casos y gestión de la información durante la pandemia. El Tribunal de Cuentas criticó que gran parte de la gestión de alertas se realizara a través de Excel, comunicaciones por correo electrónico, conversaciones telefónicas, videoconferencias y la utilización del «módulo de incidencias» del sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III.

La ministra argumenta en su escrito de más de 300 páginas firmado en 2024 que estas medidas fueron «comprensibles debido a la situación excepcional» y que respondían a la necesidad de actuar con rapidez en un contexto de emergencia sanitaria sin precedentes.

El informe revela graves deficiencias en los sistemas de información sanitaria, destacando sistemas altamente heterogéneos entre comunidades autónomas, falta de interoperabilidad entre sistemas estatales y autonómicos, y limitaciones tecnológicas para procesar grandes volúmenes de información.
A pesar de las críticas, la ministra destaca avances, como el desarrollo del Sistema de Información de Vigilancia en Salud (SIVAIN), la Estrategia de Salud Digital aprobada en diciembre de 2021 y una inversión de 27,4 millones de euros en modernización de sistemas.

2,6 millones de vacunas sin control

El documento subraya que 2,6 millones de vacunas se gastaron sin identificar en los registros a los beneficiarios. Sanidad alude a las condiciones extraordinarias de la pandemia, donde España fue el primer país en vacunar al 70% de su población, desarrolló sistemas de registro digital en tiempo récord y emitió más de 78 millones de Certificados Covid Digitales.

Un pasaje destaca la «falta de adecuación a las necesidades actuales de algunos de los sistemas implantados», lo que obligó a las diferentes administraciones a desarrollar «soluciones particulares» para gestionar la información. El documento subraya que el Ministerio de Sanidad «carecía de un sistema de información específico para la gestión, monitorización y coordinación de emergencias sanitarias».

La radiografía de la improvisación tecnológica alcanza niveles dramáticos cuando el informe detalla que «hasta diciembre de 2022 no se completó un estudio» de una pandemia que estalló en marzo de 2020.
Todo ello reveló «significativas debilidades estructurales en los sistemas de información de salud pública». Los auditores no esconden su crítica: «Los sistemas de información estatales y autonómicos de salud pública constituían compartimentos estancos sin un suficiente grado de interoperabilidad entre sí».

Especialmente llamativo resulta el análisis sobre los recursos humanos. El Tribunal de Cuentas denuncia que el Ministerio de Sanidad era «uno de los departamentos de la Administración General del Estado con menores recursos presupuestarios en el ámbito de las tecnologías de la información y el que menos personal propio tenía en este ámbito».

Caos en las fronteras

El informe desvela un dato escalofriante sobre los controles sanitarios en fronteras: de los 18.356 viajeros obligados a realizar una PCR en 48 horas, «sólo un 27,6% de los viajeros la cumplió». El Tribunal de Cuentas señala que no consta «ningún seguimiento por parte de la Secretaría General de Sanidad Exterior para los que incumplieron la obligación o comunicaron un resultado positivo».

En línea con la denuncia del PP hablando de «coladero» en las fronteras controladas por Sánchez, Sanidad no controló «en el 22,7% de los casos notificados de Covid-19 si era un caso importado o no». Esta laguna de información comprometió la capacidad de rastreo epidemiológico en plena crisis sanitaria.

También hay descontrol sobre las pruebas de detención: «En el 4,7% de las pruebas no fue hallada coincidencia en la Tarjeta Sanitaria Individual», lo que evidencia «la heterogeneidad de los códigos identificativos asignados entre los diferentes sistemas de información autonómicos». El informe no habla de los diferentes casos de corrupción como el caso Koldo sobre presuntas mordidas millonarias en la compra de mascarillas desde el Gobierno