Mónica García cumple 7 años con su chalet sin licencia: se ha ‘ahorrado’ ya más de 5.000 € en IBI

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 16/04/2026 05:48
  • Actualizado: 16/04/2026 08:30

Este jueves 16 de abril se cumplen 7 años desde que Mónica García tendría que haber abandonado su chalet en situación irregular situado en la colonia de Camorritos (Cercedilla). La concesión de los terrenos de la colonia y parte del Puerto de Navacerrada, otorgada por un periodo de 99 años a través de una Real Orden de 1920, caducó el 16 de abril de 2019. Durante todo este tiempo, los ocupantes de las viviendas no pagan el IBI.

El chalet de la ministra tiene 203,31 metros cuadrados y está situado en una finca de más de 2.000 metros cuadrados. Por ella, debería pagar cerca de 750 euros al año por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Es decir, en estos 7 años, se han ahorrado 5250 euros.

Una cifra que aumentará considerablemente en los próximos años, ya que el proceso de desalojo y entrega de llaves de las cerca de 300 viviendas de Camorritos y Puerto de Navacerrada está paralizado debido a que el Ayuntamiento no tiene un equipo de abogados para manejar este asunto. Desde la asociación de titulares afectados en Camorritos aseguran que es el Ayuntamiento quien no quiere cobrarles el IBI porque, de ser así, estarían reconociendo que son propietarios todavía de las viviendas.

«Esto es una anomalía porque los vecinos siguen estando en el padrón recaudatorio, pero el Ayuntamiento arbitrariamente ha decidido que no se nos cobre el IBI sin que haya habido un acuerdo en el pleno del Ayuntamiento», señalan fuentes consultadas por OKDIARIO.

Irregularidades con los abogados

En el mes de enero, OKDIARIO ya denunció que la contratación del bufete de abogados que debe defender al Ayuntamiento de Cercedilla frente a los litigios derivados de las denuncias de los vecinos de Puerto de Navacerrada y Camorritos para luchar por mantener sus casas se estaba haciendo de manera «presuntamente irregular y en medio de un tremendo oscurantismo», tal y como denunció el PP y Vox en este municipio.

El Consistorio de Cercedilla, gobernado por el Grupo Independiente (GIC), PSOE y Más Madrid (partido al que pertenece Mónica García), pretende otorgar la adjudicación del contrato a una empresa externa, al bufete Cases y Lacambra. Con ellos, el Ayuntamiento trabajó el año pasado en la elaboración de un informe sobre este tipo de contratación pública y era, por tanto, posible conocedora privilegiada de cómo se iba a sacar el concurso.

Por ley, el Consistorio no puede contratar a una empresa que haya participado con anterioridad en algo que tenga que ver con el caso de la caducidad de la OCU.23A (Camorritos y Puerto Navacerrada).

A este bufete de abogados, Cases y Lacambra, el Consistorio otorgó 20 puntos sin explicar en qué se han basado para «beneficiar» a esta empresa, por encima de las 8 restantes, a las cuales ha dado 0 puntos, dejándolas fuera del proceso. El alcalde, David Martín Molpeceres, solo dijo que se había basado en la «interpretación de la fórmula definida en los pliegos».

La actitud del Ayuntamiento ha provocado que las otras empresas que se presentaron al concurso hayan interpuesto varios recursos denunciando esta situación. Entre ellas, Price Waterhouse y CCS Abogados Corporativos SL.

Además, Cases y Lacambra fichó en enero de 2026 al abogado E.B.S. Sin embargo, él, por su parte, ya había ofertado sus servicios a la asociación de titulares afectados de la colonia de Camorritos. Esto hace de nuevo incompatible la defensa de los intereses del Ayuntamiento con este despacho y vuelve, de nuevo, a ralentizar el proceso de elección del bufete de abogados.

Por todo lo anterior mencionado, el Partido Popular ha pedido un informe al secretario del Ayuntamiento para corroborar y denunciar este posible conflicto de intereses, pero desde el equipo del Gobierno del Consistorio no han querido atender esta solicitud.

Estrategia de Más Madrid

Tanto Vox como PP consideran que el alcalde lo que quiere es dirigir la contratación de los abogados, ya que se trata de una licitación de 3 millones de euros que representa casi el 40% del presupuesto municipal. Además, creen que la prioridad de Más Madrid es «tener ojos en la contratación de los abogados para ver cómo ayudar a Mónica García».  De momento, añaden, «con un bufete elegido por el equipo de gobierno y dilatando en el tiempo el expediente, ya que mientras esto se alargue, la ministra no paga IBI y sigue viviendo en su casa irregular», indican.

Más Madrid forma parte del gobierno municipal de Cercedilla, y además han asumido posiciones antagónicas a su programa e ideario, como ha sido aprobando gastos de más de 220.000€ en eventos taurinos (siendo ellos antitaurinos), construir un parque canino en contra de la voluntad del pueblo, aprobar el Plan Parcial para edificar la Dehesa de Los Arroyuelos, privatizar servicios municipales, etc.

Eso sí, a cambio, Más Madrid, estando en el gobierno, tiene información de primera mano sobre la contratación de los abogados que deben defender al Ayuntamiento.

La duración del contrato con el bufete de abogados se hará por 5 años, pero este asunto es previsible que se prolongue hasta 15 años más, según fuentes jurídicas consultadas por este medio.

La casa de Mónica García

Los residentes de las viviendas de Camorritos (Cercedilla), situadas en suelo protegido, habían emprendido ya acciones judiciales para evitar el desahucio de sus viviendas en la sierra de Madrid, después de que hubiera expirado la concesión que les permitía vivir en ellas durante el plazo de 99 años.

En esos terrenos se erige el chalet de Mónica García, afectado por una concesión pública que data de principios del siglo XX y que lleva caducada desde abril de 2019. La ministra de Sanidad es titular de una tercera parte de esta vivienda, heredada de sus padres.

La Asociación de vecinos afectados de Camorritos ya anunciaron hace meses que «pelearán» por mantener sus casas y que recurrirán este expediente hasta llegar a los juicios que sean necesarios.