Moncloa triunfa: ERC sacrifica a Puigdemont y exige una investidura «sin consecuencias penales»

«Moncloa ha triunfado», confesó Carles Puigdemont al exconsejero Toni Comín por sms. Y este viernes ERC lo certifica. Los republicanos han puesto una condición a JxCAT para la investidura: que no tenga consecuencias penales. En otras palabras, que los republicanos de Oriol Junqueras no aceptarán ninguna investidura que implique una vulneración de la legalidad.

En una entrevista con ACN, Marta Rovira, líder del gurpo parlamentario de ERC, ha explicado que «para nosotros es fundamental que la investidura no implique improvisaciones, que no se haga sin garantías, que sea efectiva y que no implique consecuencias penales para muchos diputados».

Después de la resolución del Tribunal Constitucional del pasado sábado, no hay posibilidad de un investidura de Puigdemont que no implique una ilegalidad. Esta certeza fue la razón principal que llevó al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a suspender el pleno de investidura después de haber convertido al prófugo en candidato para volver a presidir la Generalitat.

ERC no quiere más presos en sus filas

Después de que el Constitucional vetara la investidura telemática, y con la decisión tomada por Puigdemont de no regresar a España, el empecinamiento del bloque independentista en forzar la investidura del candidato fugitivo solo puede acabar con Torrent y los miembros de la Mesa imputados, como sucedió con Carme Forcadell. Los protagonistas lo saben y han escarmentado en carne ajena. La condición que ha desvelado hoy Rovira es la demostración de que, al menos los diputados de ERC, no están dispuestos a dar un paso que acabaría con su procesamiento penal y, antes o después, con sus huesos en la cárcel.

Hasta ahora, en su pugna por no dejarse arrastrar por sus socios hacia una nueva confrontación con el Estado, ERC reclamaba a JxCAT que explicara la fórmula para hacer que la investidura de Puigdemont fuera «efectiva». Esto es, que al minuto siguiente de elegir presidente, éste pudiera nombrar consejeros y firmar decretos. Hoy, Rovira ha ido más lejos y ha planteado una condición insuperable para quienes aún defienden la candidatura de Puigdemont.

La decisión de los republicanos de no saltarse la legalidad para investir a Puigdemont abriría la puerta a otros candidatos del JxCAT (Elsa Artadi, Jordi Turull…), pero Torrent se comprometió en público a no proponer otro candidato que no fuera el expresident.

En definitiva, que la realidad política catalana está atrapada en un cerco de limitaciones legales y condiciones políticas que bloquean la legislatura nacida del 21-D. Si Puigdemont y sus incondicionales (solo 11 diputados de su lista están bajo disciplina del PDeCAT) no tiran la toalla, unas nuevas elecciones se atisban en el horizonte.