Moncloa sobre si Puigdemont se atrinchera: «Sería usurpación de funciones»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 27/10/2017 21:14
  • Actualizado: 27/10/2017 21:25

El Gobierno de Mariano Rajoy quiere ir paso a paso, y descarta hacer valoraciones sobre hipótesis. «¿Qué pasa si Puigdemont se atrinchera?». En fuentes gubernamentales no se da crédito al escenario y consideran que el decreto de cese, firmado este mismo viernes en Consejo de Ministros, será suficiente para disuadir al presidente catalán y a los miembros del Govern para dejar sus funciones, y sus despachos.

La realidad es que, desde que los decretos sean publicados en el BOE, el Gobierno catalán se vacía de cualquier atribución, asumidas a partir de ahora por el Ejecutivo central. En consecuencia, todos sus miembros dejarán de percibir sueldos y de tener firma. No podrán autorizar ningún decreto y, en su caso, «sería usurpación de funciones», afirman desde Moncloa. «Ya se aburriría», se ironiza además en el entorno del presidente, sobre la posibilidad de que Puigdemont se niegue a abandonar las dependencias del Palau. Para desmontar toda la estructura del poder independentista, el Gobierno ha procedido además al cese inmediato de los asesores y demás personal de confianza. En total, 141 cargos.

El 155 abre un escenario inédito, y muy incierto. Nadie se atreve a hacer una valoración sobre cómo se desarrollarán los próximos pasos, pese a que, hace meses que el Ejecutivo diseña un ingente plan para tomar el control de la administración catalana. Será un proceso «difícil», se admite en fuentes del Ejecutivo. Por ahora, el Gobierno no ha aprobado el órgano que se encargará de coordinar la ‘misión’ en Cataluña, una gestión que, de momento, asumirán los correspondientes ministerios.

Estos serán los que tendrán que afrontar, en su caso, una posible ‘rebelión’ de funcionarios. Moncloa no se pone tampoco en ese escenario y confía en que las responsabilidades por incumplir la legalidad distraerán a quienes se resistan a obedecer. En ese caso, el Ejecutivo avisa de que los empleados públicos que no acaten las órdenes se enfrentan a la inhabilitación durante años.