Miles de abogados estallan contra el Gobierno por condenarles a la «ruina económica»
El Consejo de Ministros los ha declarado personal esencial pese a que los juzgados están cerrados y siguen, como los autónomos, obligados a pagar todas las cuotas de su mutualidad aunque no tienen ningún ingreso.
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Los abogados han dicho basta. La «ruina económica absoluta» a la que les condenan las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en materia de Justicia ha hecho estallar a los profesionales de la Abogacía. Miles de colegiados de toda España han tejido una ‘Red’ para exigir al Gobierno que rectifique: les ha declarado personal esencial durante el tiempo que dure el estado de alarma pero los juzgados están cerrados y ya son dos meses sin facturación, pero los mismos gastos. Entre ellos, sus cuotas de mutualistas que se mantienen pese a la parálisis de la actividad judicial.
Los abogados, como los procuradores, están obligados legalmente a elegir entre cotizar a la Seguridad Social según el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o a través de una mutualidad de previsión alternativa. Pese a que en España hay cerca de 500.000 mutualistas, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado por el Gobierno, estableció la concesión de ayudas orientadas a paliar los efectos de la pandemia entre los autónomos, dejando fuera a los mutualistas (abogados, procuradores, arquitectos, aparejadores, …).
La iniciativa que todos ellos han puesto en marcha, a nivel nacional, anticipa «un verdadero cisma» en Justicia porque la situación afecta «directa y gravemente al 100% de los abogados», lamentan varios de sus impulsores. Exigen al Gobierno que rectifique y suspenda, como mínimo, el pago de sus cotizaciones mientras dura la crisis sanitaria del coronavirus. Piden que el Ejecutivo inste a las mutualidades a suspender las aportaciones de todos los abogados, y no abogados, mutualistas que hayan cesado en su actividad o que la hayan visto reducida durante el tiempo en el que se prolongue el estado de alarma.
«No podemos dejar de trabajar -y, por lo tanto, no cobramos ninguna ayuda- pero la realidad es que no trabajamos porque los plazos están suspendidos», denuncian a OKDIARIO, «y mientras tanto seguimos asumiendo los costes fijos con la Seguridad Social, las cuotas colegiales en la mayoría de los casos, el alquiler de los despachos, los seguros, … Los que tenemos empleados a cargo tampoco podemos ni cerrar ni hacer un ERTE. Es absolutamente irrazonable. Nos condenan a todos a la quiebra», añaden.
Los creadores de la ‘Red de Abogados y Abogadas’ ya trabajan en un comunicado oficial que remitirán a la presidencia del Gobierno, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial para que revisen su situación. Además, buscarán el apoyo expreso de los Colegios de Abogados de toda España.
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