Maza reúne de urgencia a la cúpula fiscal para estudiar el borrador de la ley de independencia de la Generalitat

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado que hoy mismo reunirá a la cúpula fiscal para empezar a analizar el borrador de la ley para la independencia de Cataluña y ha garantizado que, si se aprecia que atenta contra la ley, se presentará una querella.

Maza, en una entrevista en TVE, ha reconocido que es apresurado pronunciarse sobre una «filtración» como la que hoy publica el diario El País, pero ha reconocido que el texto que se ha dado a conocer es «sorprendente y extraño al Estado de Derecho».

El fiscal general ha avanzado que hoy mismo reunirá con «celeridad» a los fiscales para comenzar a estudiar un texto que, de acuerdo con lo publicado, plantea la independencia de Cataluña de forma unilateral e inmediata si no se autoriza la celebración de un referéndum.

Maza ha recalcado que en España el Estado de Derecho funciona y se persiguen las conductas que atenten contra la ley, tanto en materia de corrupción, como en este tipo de situaciones.

Por otra parte, el fiscal general ha reiterado que no tiene ninguna intención de impulsar ninguna normativa para castigar de comunicación que publiquen filtraciones, pero sí sería partidario de castigar a los filtradores.

En ese sentido, ha advertido de que las filtraciones son interesadas y dañan el proceso. «No nos damos cuenta de lo que se perjudican las investigaciones con estas cosas», ha manifestado.

Delito de sedición

Si se confirma el contenido del borrador y la autoría del mismo, los autores e inspiradores de la ley catalana de independencia podrían ser acusados del delito de sedición.

La sedición es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se considera la sedición como un movimiento o una actitud que tiene una gravedad menor que una rebelión o una revolución.

Según recoge el Código Penal, los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.