Matamala rechaza declarar ante el juez por acompañar a Puigdemont en su fuga

El prófugo Josep María Matamala ha rechazado declarar voluntariamente ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la causa en la que está imputado por un presunto delito de encubrimiento al haber acompañado a Carles Puigdemont en su huida a Bélgica.

Se da la circunstancia de que Matamala obtuvo la condición de aforado cuando adquirió un escaño en la Cámara Alta por la lista de Junts per Cataluña el pasado 28 de abril. Por este motivo, corresponderá al Tribunal Supremo citarle a declarar como imputado.

Un mes después de las elecciones generales, y tras adquirir el empresario independentista su condición de senador, el juez García-Castellón dictó un auto y una providencia donde explicaba que Matamala se ha personado en el procedimiento que se instruye en el JCI número 6. Además, puso en conocimiento del magistrado su condición de parlamentario.

El magistrado le trasladó el procedimiento judicial correspondiente ante «un delito de encubrimiento de un delito rebelión» y le ofreció ejercer su defensa de la manera en la que considerara oportuna. En el mismo escrito le recordó que entre sus derechos se encuentra la posibilidad de prestar declaración de forma voluntaria en esta causa. Una opción que el propio Matamala ha declinado, según aseguran fuentes jurídicas a OKDIARIO.

No fue detenido

El empresario Josep Maria (Jami) Matamala regresó a España a mediados de mayo, tras 18 meses fuera del país, para recoger su credencial y realizar los trámites que le otorgaron su condición de senador.

Tal y como adelantó este periódico, Matamala no fue detenido al pisar suelo español, a pesar de que la Fiscalía dictara una orden de detención por encubrimiento que afectaba a los cuatro acompañantes -entre los que se encontraba Josep María – de Puigdemont en su huida.

Sin embargo, esta euroorden se desactivó cuando el magistrado Diego De Egea -entonces juez de apoyo de Manuel García-Castellón- archivó la causa y el auto dictado para su ingreso inmediato en prisión se anuló.

Unos meses después la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso de la Fiscalía al archivo y decidió reabrir la investigación. Pero, según la Ley, la medida cautelar no adquiere vigencia una vez reabierta la causa. Es decir, para que la orden de detención estuviese activa debería haberse solicitado de nuevo. Algo que no ocurrió.